Los documentos intervenidos por la UCO destapan el alcance de la infiltración socialista en la Guardia Civil. Desde la directora del cuerpo hasta un comandante actuaban —según los indicios— al servicio de la trama Koldo-PSOE, ofreciendo cargos, favores y filtraciones internas.
La trama del PSOE tenía en la Guardia Civil algo más que confidentes
Según documentos revelados por la investigación del caso Koldo, Leire Díez, una de las piezas clave de la cloaca socialista, habría presumido en varias ocasiones de contar con acceso privilegiado a la directora de la Guardia Civil, ofreciendo incluso cargos de asesoría dentro del cuerpo a cambio de fidelidad o silencio.
Estos ofrecimientos habrían tenido lugar en marzo de 2025, cuando la directora del cuerpo era Mercedes González, nombrada por el propio Gobierno de Pedro Sánchez. Esta dirigente fue la sustituta de Leonardo Marcos, otro alto mando señalado previamente por vínculos con Koldo, aunque luego intentaron desdecir esa versión.
Rubén Villalba, el comandante “topo” dentro de la Benemérita
Las revelaciones más graves señalan directamente al comandante Rubén Villalba, acusado de actuar como topo dentro del cuerpo para filtrar información clave a la trama Koldo-PSOE. Según informes de la Unidad Central Operativa (UCO), Villalba habría facilitado información interna a Koldo para evadir investigaciones judiciales y controlar movimientos de otros agentes.
Villalba también habría accedido a bases de datos policiales para investigar a empresarios incómodos, como el inspector de Hacienda que, sin saberlo, destapó el caso al detectar irregularidades fiscales.
La UCO lo describe así en sus informes:
“Koldo demandaba información a Rubén de análoga naturaleza. Estas consultas eran relativas a vehículos, personas o denuncias.”
El intento del PSOE de debilitar a la Guardia Civil
Desde hace años, el Gobierno de Pedro Sánchez ha protagonizado una campaña de desgaste contra la Guardia Civil:
- Cese del coronel Diego Pérez de los Cobos por negarse a informar a Moncloa sobre una causa judicial.
- Ataques al coronel Sánchez Corbí, exjefe de la UCO.
- Eliminación de unidades clave como OCON-Sur (antinarcóticos).
- Retirada de competencias en Navarra y reducción de efectivos en Cataluña.
Estas decisiones, lejos de ser aisladas, parecen responder a una estrategia de anulación de la capacidad operativa y de prestigio del cuerpo, especialmente de su rama investigadora, la UCO.
Leire Díez, la intermediaria con poder
Según revelan los documentos analizados, Leire Díez ofrecía favores y conexiones dentro de la Guardia Civil con total naturalidad. En su entorno se hablaba de ella como una intermediaria de confianza del PSOE en los órganos de seguridad del Estado. Y lo más alarmante: actuaba con la convicción de que contaba con el respaldo directo de la directora del cuerpo y del comandante Villalba.
El legado de María Gámez, otra directora vinculada al escándalo
Antes de González y Marcos, estuvo María Gámez, también nombrada por Sánchez y forzada a dimitir cuando su marido y su cuñado fueron imputados en el caso ERE. Durante su etapa, Koldo tenía acceso libre a la sede central de la Guardia Civil, como si fuese un alto cargo más.
Testigos aseguran que “entraba como Pedro por su casa”, lo que evidencia una situación de complicidad e impunidad estructural.
La Guardia Civil resiste, pero queda marcada
A pesar de los intentos por doblegarla, la Guardia Civil sigue operativa y profesional, pero el daño institucional ya está hecho. La confianza ciudadana y la independencia del cuerpo han quedado gravemente comprometidas por las injerencias políticas y la manipulación de sus mandos.
Mientras desde Moncloa se intenta silenciar o desprestigiar a la UCO, los informes filtrados revelan una verdad incómoda: la trama Koldo no solo buscaba contratos y comisiones, sino que intentó —y en parte logró— penetrar en el corazón mismo del Estado de Derecho, infiltrando a altos mandos de la Guardia Civil para proteger sus intereses del brazo de la Justicia.
¿Estamos ante una simple red de favores o frente a una maquinaria de corrupción institucionalizada con ramificaciones en las fuerzas de seguridad?
