El tribunal sevillano denuncia un “riesgo sistémico de impunidad” y suspende la causa hasta que Europa se pronuncie
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla se planta. En un auto demoledor de 61 páginas, los magistrados acuerdan plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que Luxemburgo dirima si las recientes sentencias del Tribunal Constitucional —que han revocado las condenas de los principales cabecillas socialistas del caso ERE— vulneran el Derecho de la Unión y los principios básicos de lucha contra la corrupción.
Suspensión cautelar de la ejecución y rechazo a la “amnistía de facto”
Los jueces sevillanos, lejos de plegarse a la doctrina dictada por Cándido Conde-Pumpido, resuelven “suspender la tramitación de la causa” en lo referente a la ejecución de dichos fallos y a los ex altos cargos beneficiados (Chaves, Griñán y compañía) “hasta obtener respuesta” del TJUE. La Sala considera “imprescindible” la consulta para impedir que las resoluciones del Constitucional generen “un espacio de impunidad en materia de corrupción política” y pongan en jaque la protección de los fondos europeos.
Cuestionamiento frontal al Constitucional: primacía del Derecho europeo
En su relato, los magistrados recuerdan que el TC anuló parcialmente las sentencias de la Audiencia y del Supremo alegando una pretendida vulneración del principio de legalidad penal. Ese “giro interpretativo” —sostienen— exime de responsabilidad penal a quienes idearon y validaron un sistema fraudulento que desvió 680 millones de euros en subvenciones durante una década. De consumarse, advierte el auto, se consolidaría una “irresponsabilidad absoluta” de los gobiernos regionales respecto a la elaboración de leyes presupuestarias con fines espurios.
“El estándar nacional que impone el TC abre un evidente terreno de impunidad contrario al Derecho de la Unión”, subraya la Audiencia.
Los jueces hablan de “daño institucional” y “suplantación” del Supremo
La decisión de Pumpido —que ordenaba repetir parte del juicio— “suplanta” la función revisora del Supremo, señala la Sala, y constituye un “daño institucional difícilmente reparable”. De ahí la necesidad de que sea el TJUE quien determine si tales fallos colisionan con la jurisprudencia europea (sentencia Euro Box Promotion, 2021) y con los compromisos españoles frente al fraude que afecta a los intereses financieros de la UE.
Próximos pasos: Luxemburgo tiene la palabra
Hasta que el TJUE emita veredicto, la Audiencia de Sevilla no dictará nuevo auto de apertura de juicio ni ejecutará las instrucciones del Constitucional. Si Europa avala las dudas planteadas, los jueces sevillanos podrían incluso ignorar —en virtud del principio de primacía— el “indulto encubierto” diseñado en el TC y confirmar las condenas.
Con este movimiento, los magistrados ponen un cerrojo provisional a la amnistía a medida que salvó al socialismo andaluz y envían un mensaje claro: la justicia europea puede tumbar el blindaje que Sánchez-Pumpido ha otorgado a los barones del PSOE.
