Haití se sumerge aún más en el caos tras la declaración de un nuevo estado de emergencia por parte del Consejo Presidencial de Transición (CPT). La medida llega en un contexto de violencia sin precedentes, con bandas criminales que controlan el 90% de Puerto Príncipe y mantienen bajo su dominio a millones de personas.
Según datos recientes, solo en el último trimestre al menos 1.520 personas han sido asesinadas y 609 resultaron heridas, cifras que evidencian la gravedad de la crisis. Estos números, sumados a la falta de un gobierno elegido democráticamente —Haití no celebra elecciones desde hace más de una década—, dibujan un panorama sombrío para el país caribeño.
El CPT, presidido por Laurent Saint-Cyr, ha prometido “declarar la guerra” a las bandas. Sin embargo, las medidas implementadas en anteriores estados de emergencia no han logrado frenar la expansión del crimen organizado. Las pandillas no solo controlan barrios enteros, sino que también imponen sus propias reglas, bloquean rutas de abastecimiento y reclutan a menores de edad para fortalecer su poder.
La situación ha generado un clima de miedo constante entre los habitantes de la capital, quienes viven atrapados entre la violencia de los grupos armados y la incapacidad del Estado para garantizar su seguridad. Incluso con la presencia de fuerzas internacionales, el control real sigue en manos de los cabecillas de las bandas.
La comunidad internacional observa con preocupación cómo la violencia amenaza con hacer inviables las próximas elecciones, previstas de forma tentativa para 2026 pero aún sin fecha definida. Para muchos analistas, sin una estrategia coordinada y contundente, Haití corre el riesgo de hundirse en un conflicto crónico que podría durar décadas.
Mientras tanto, los haitianos siguen esperando respuestas y acciones efectivas que pongan fin a un ciclo de terror que ha convertido a Puerto Príncipe en una ciudad sitiada dentro de su propio país.
