La Agencia Tributaria impondrá la medida incluso en facturas manuales, PDF o Word. El control fiscal se intensifica y las pequeñas empresas se enfrentan a sanciones si no se adaptan.
Una nueva carga burocrática para las pymes
A partir del 1 de enero de 2026, todas las pymes y sociedades en España estarán obligadas a incluir un código QR en cada factura que emitan a otras empresas o autónomos. La medida, promovida por la Agencia Tributaria (AEAT) dentro de la Ley Antifraude y el reglamento de facturación, se aplicará sin distinción de tamaño, facturación o sector.
El cambio supone que hasta las facturas en papel, generadas en PDF, Word o incluso escritas a mano, deberán incorporar este elemento tecnológico. En caso contrario, no serán válidas a efectos legales.
Cómo funcionará el nuevo sistema
Según la AEAT, el código QR permitirá a cualquier cliente:
- Verificar los datos básicos de la factura.
- Comprobar si el emisor ha cumplido con Hacienda.
- Enviar automáticamente la información a la Agencia Tributaria con solo escanearlo.
Es decir, cada operación quedará prácticamente registrada en tiempo real, un paso más hacia el control fiscal absoluto.
Plazos y excepciones
- Empresas (sociedades): obligadas a partir del 1 de enero de 2026.
- Autónomos: el requisito se retrasa hasta julio de 2026.
- Excepción: solo se libran aquellos negocios que facturen exclusivamente a particulares (B2C).
¿Qué deberán hacer las empresas?
- Si usan un software homologado, este ya debería incluir la funcionalidad de generar QR.
- Si no, tendrán que recurrir a la plataforma pública de Hacienda para emitir facturas válidas.
- En el caso de facturas en papel, deberán utilizar la aplicación gratuita de la Agencia Tributaria para añadir el código.
La AEAT ya ha advertido de que se impondrán multas a quienes no adapten sus programas de facturación en el plazo establecido.
El trasfondo: control fiscal y menos libertad empresarial
El Gobierno justifica la medida como una herramienta para luchar contra el fraude. Sin embargo, para las pymes y autónomos, se trata de una nueva carga burocrática y tecnológica que incrementa los costes de gestión y reduce la flexibilidad.
En la práctica, este sistema permite que cada factura emitida quede automáticamente bajo vigilancia de Hacienda, lo que abre el debate sobre la proporcionalidad de la medida y la erosión de la privacidad empresarial.
