El Gobierno inicia la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2027 mientras ERC, PNV y BNG exigen el cumplimiento íntegro de los compromisos de investidura a cambio de su respaldo parlamentario.

Los socios elevan el precio de su apoyo a los Presupuestos
El Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en marcha la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2027, los primeros que pretende aprobar desde 2023. Sin embargo, el anuncio ha venido acompañado de una realidad política que se ha convertido en una constante durante la legislatura: la necesidad de negociar con los partidos que hicieron posible la investidura del presidente.
Durante su comparecencia en el Congreso, el ministro de Hacienda, Arcadi España, aseguró que el Ejecutivo revisará y cumplirá «uno a uno» los acuerdos alcanzados con formaciones como ERC, PNV y BNG, integrándolos en la futura negociación presupuestaria.
Las declaraciones del ministro llegan en un momento especialmente delicado para el Ejecutivo, que afronta una legislatura marcada por la dependencia parlamentaria de sus socios y por la dificultad para sacar adelante iniciativas clave sin concesiones políticas.
ERC, PNV y BNG reclaman compromisos pendientes
Los grupos que sostienen al Gobierno aprovecharon la comparecencia para recordar que todavía existen numerosos compromisos sin ejecutar.
ERC volvió a exigir la culminación del traspaso integral del servicio de Rodalies a la Generalitat de Cataluña, una de las reivindicaciones más relevantes del acuerdo de investidura.
Por su parte, el PNV reclamó avances en la actualización del cupo vasco, mientras que el BNG insistió en la necesidad de ejecutar inversiones comprometidas en infraestructuras ferroviarias y en nuevas competencias para Galicia.
El portavoz nacionalista gallego, Néstor Rego, advirtió que estos podrían ser los últimos presupuestos de la legislatura y exigió que se incorporen «la totalidad de los compromisos» pactados entre el Ejecutivo y Galicia.
Moncloa busca blindar los apoyos antes de presentar las cuentas
Uno de los aspectos más significativos de la intervención de Arcadi España fue su referencia a una negociación previa con los grupos parlamentarios antes de registrar el proyecto presupuestario en el Congreso.
Esta estrategia refuerza la percepción de que el Gobierno pretende asegurarse los votos necesarios antes de iniciar formalmente la tramitación parlamentaria. En las dos ocasiones anteriores, el Ejecutivo fue incapaz de reunir los apoyos suficientes para avanzar con la senda de estabilidad y el techo de gasto.
La decisión también refleja la fragilidad de la mayoría que sostiene a Sánchez, obligada a mantener un equilibrio constante entre las exigencias de sus socios y las necesidades presupuestarias del Estado.
El debate sobre el coste político de los acuerdos
La futura negociación presupuestaria volverá a situar en el centro del debate el coste político de los pactos que permitieron la continuidad de Pedro Sánchez en La Moncloa.
Mientras el Ejecutivo defiende que los acuerdos alcanzados contribuyen a la estabilidad institucional y al desarrollo territorial, sus críticos consideran que muchas de estas concesiones responden a una lógica de supervivencia parlamentaria más que a una estrategia nacional coherente.
Con la publicación de la orden ministerial que inicia oficialmente el proceso presupuestario y la posterior actualización del cuadro macroeconómico, comienza una negociación que podría marcar el rumbo político de los próximos meses y convertirse en una prueba decisiva para la capacidad de resistencia del Gobierno.
Claves de la negociación presupuestaria
- Hacienda promete revisar y cumplir los acuerdos de investidura pendientes.
- ERC exige completar el traspaso de Rodalies.
- PNV reclama avances en la actualización del cupo vasco.
- BNG exige inversiones e incremento del autogobierno gallego.
- El Gobierno buscará cerrar apoyos antes de presentar oficialmente los Presupuestos.
- Las cuentas de 2027 podrían ser las últimas de la legislatura.
La negociación que ahora comienza no solo determinará el contenido de los Presupuestos, sino también hasta qué punto el Ejecutivo está dispuesto a seguir dependiendo de las exigencias de sus socios parlamentarios para garantizar su continuidad política.



