González Amador pide expulsar a García Ortiz de la Fiscalía

El reingreso del ex fiscal general reabre el choque sobre la impunidad en la cúpula

El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado la expulsión del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz de la carrera fiscal tras su condena a 2 años de inhabilitación por revelación de secretos.

La representación legal de González Amador pide anular el decreto del 23 de diciembre dictado por la actual fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que acordó el reingreso de su antecesor en la carrera fiscal, tras el visto bueno de la Inspección Fiscal. Según el escrito, el empresario reclama primero la anulación del decreto y la posibilidad de formular alegaciones al considerarse víctima de los hechos y tener interés legítimo en la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo.

La clave jurídica: inhabilitación y posible pérdida de la condición de fiscal

En noviembre, el Supremo condenó a García Ortiz a 2 años de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general por la difusión de información reservada vinculada a la investigación por fraude a Hacienda sobre González Amador. La sentencia consideró excesivo que esa pena afectara automáticamente a su continuidad en la carrera fiscal, pero también dejó claro que no le correspondía al Supremo decidir sobre una eventual expulsión o suspensión como fiscal de carrera.

Poco después, la Inspección Fiscal avaló el reingreso de García Ortiz —que estaba en régimen de servicios especiales como fiscal general— y Peramato lo formalizó, quedando el ex fiscal general adscrito a la Sección de lo Social del Supremo. Fuentes fiscales citadas por EFE sostienen que el alcance del fallo está delimitado a la inhabilitación para el cargo de fiscal general durante 2 años, sin mención expresa a su condición de fiscal de carrera.

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El recurso de González Amador busca romper lo que muchos ciudadanos perciben como un patrón: cuando el escándalo toca a la élite institucional, el sistema parece diseñarse para proteger a los de arriba y exigir ejemplaridad solo a los de abajo. En su escrito, y de forma subsidiaria a que se le permita alegar, sostiene que concurre la incapacidad de García Ortiz para funciones fiscales por haber sido condenado por delito doloso a una pena superior a 6 meses.

Según esa tesis, la causa de incapacidad y la pena principal de inhabilitación deberían conducir a la pérdida de la condición de fiscal, apoyándose en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y el Reglamento del Ministerio Fiscal. También argumenta que la rehabilitación exigiría acreditar responsabilidad penal y civil extinguida y la cancelación de antecedentes, algo que —según el empresario— no ocurriría hasta 2029. Cita el artículo 35 del reglamento, que prevé que la inhabilitación absoluta o especial para cargo público determine la pérdida de la condición de fiscal cuando la sentencia sea firme, con el alcance que en ella se establezca.

En paralelo, García Ortiz ha solicitado al Tribunal Supremo la anulación de la sentencia al alegar graves vulneraciones de derechos fundamentales que serían determinantes para declarar la nulidad del fallo.