García Ortiz paga la multa de 7 200€ y la UPF le respalda

El Supremo ingresa la sanción en el Tesoro y reclama la cuenta del denunciante

El ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ya ha liquidado el pago de la multa de 7 200 euros impuesta por el Tribunal Supremo tras su condena por revelación de datos en el caso vinculado a la investigación de dos presuntos delitos fiscales de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

Según una providencia conocida por RTVE, el Supremo ordena ingresar esos 7 200 euros en la cuenta del Tesoro Público y solicita a González Amador que facilite su número de cuenta para transferirle 10 000 euros en concepto de indemnización.

El dinero con el que García Ortiz ha abonado la multa procede, en su mayoría, de aportaciones voluntarias anónimas canalizadas a través de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación a la que pertenece y que llegó a presidir. El tribunal, a su vez, pide a González Amador que aporte su cuenta para poder abonarle la cantidad fijada.

Un caso con derivada política: Justicia, Fiscalía y relato

La sentencia del Supremo incluyó, además, una inhabilitación de dos años y la citada multa. En paralelo, la Abogacía del Estado ha presentado ante el Supremo un incidente de nulidad contra la condena y aún no ha vencido el plazo para que las acusaciones contesten; después, la sala resolverá.

La controversia no se queda en lo judicial. Mientras se ejecuta la condena con el ingreso de la multa, se organiza el relato político: más de 150 juristas (jueces, abogados, fiscales y catedráticos) han firmado un manifiesto pidiendo la anulación de la condena y sosteniendo que el fallo no aporta pruebas directas y se apoya en conjeturas. El texto se presentó en un acto en el Ateneo de Madrid, donde García Ortiz fue recibido con aplausos.

ANÁLISIS CRÍTICO

El foco de interés público no es solo que un ex fiscal general pague una multa: es el mensaje que se proyecta cuando una condena por revelación de datos termina sufragándose con donaciones anónimas canalizadas por una asociación corporativa. En un país donde la confianza en las instituciones se resiente, la pregunta es incómoda: ¿quién protege a quién cuando el caso roza a figuras de primer nivel político y la reacción corporativa se activa en bloque?

En cualquier escenario, los hechos procesales son claros: multa pagada, ingreso al Tesoro, 10 000 euros de indemnización pendientes de transferencia y un intento de nulidad aún por resolver. Lo demás —aplausos, manifiestos y etiquetas de ‘maltrato institucional’— forma parte de la batalla por el marco: si se trata de una sentencia ‘inquietante’ o de una condena que marca límites a quien debía garantizarlos.