El coladero en la regularización de inmigrantes en España

¿Blindando la entrada sin control?

Las fuentes policiales han alertado que el mecanismo de comprobación de antecedentes penales para los inmigrantes que opten por el nuevo decreto de regularización es prácticamente inviable. Con un plazo de investigación de solo un mes, el silencio administrativo favorece a quien pretende regularizar su situación, permitiendo un acceso sin control a nuestro país.

Un pacto cuestionable entre el Gobierno y Podemos

El Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos han pactado regularizar a más de medio millón de inmigrantes en situación irregular, con estimaciones que apuntan por encima de 800 000. Esto abrirá la puerta a una inmigración masiva y al reagrupamiento familiar, intensificando la presión sobre un sistema ya debilitado.

El proceso de regularización digital

Por primera vez, la solicitud de regularización podrá hacerse de manera telemática, lo que plantea serias dudas sobre la veracidad de los testimonios presentados sin un contacto físico. La iniciativa, que no estaba contemplada en el decreto original, crea un coladero donde el pasado del solicitante queda sin verificar.

Consecuencias de una gestión deficiente

Al no ser exigible presentar documentación que está en manos de la Administración, el proceso se torna aún más problemático. El objetivo de acreditar antecedentes penales se convierte en una mera formalidad, ya que el solicitante podrá simplemente esperar un mes antes de declarar que «no hay antecedentes penales», en un sistema que claramente favorece al inmigrante y deja en riesgo la seguridad nacional.