La Administración de Donald Trump prepara nuevas normas para los contratos de inteligencia artificial que obligarán a las empresas tecnológicas a permitir cualquier uso legal de sus sistemas por parte del gobierno federal.
Washington impone condiciones más duras a las empresas de IA
El Gobierno de Estados Unidos está preparando directrices mucho más estrictas para el uso de inteligencia artificial en contratos públicos, en medio de un creciente enfrentamiento con la empresa tecnológica Anthropic, según reveló el Financial Times.
Las nuevas normas exigirían que las compañías que quieran trabajar con el gobierno estadounidense concedan una licencia irrevocable que permita utilizar sus modelos de IA para cualquier propósito legal.
La medida forma parte de una estrategia más amplia de la administración de Donald Trump para reforzar el control estatal sobre tecnologías consideradas críticas para la seguridad nacional, especialmente en sectores como defensa, inteligencia y administración pública.
El Pentágono veta la tecnología de Anthropic
La tensión se disparó después de que el Pentágono clasificara a Anthropic como un “riesgo para la cadena de suministro”, prohibiendo a los contratistas del gobierno utilizar su tecnología en proyectos relacionados con el ejército estadounidense.
La decisión llega tras meses de desacuerdos entre la empresa y el Departamento de Defensa. Según fuentes oficiales, Anthropic insistía en incluir salvaguardias y limitaciones éticas en el uso de sus modelos de inteligencia artificial, algo que el Pentágono consideró excesivo y potencialmente incompatible con necesidades estratégicas.
Como consecuencia, el gobierno ordenó retirar la tecnología de la compañía de contratos militares, lo que supone un golpe significativo para una de las empresas emergentes más influyentes del sector de la IA.
Trump endurece el control sobre la tecnología estratégica
Las nuevas directrices han sido elaboradas por la Administración de Servicios Generales (GSA), la agencia responsable de gestionar las adquisiciones tecnológicas del gobierno federal.
El borrador revisado por el Financial Times establece varios requisitos clave para las empresas de inteligencia artificial:
- Otorgar a Estados Unidos una licencia permanente para utilizar sus sistemas de IA.
- Garantizar que los modelos no incluyan sesgos ideológicos o partidistas intencionales.
- Revelar si sus sistemas han sido modificados para cumplir marcos regulatorios externos.
Estas medidas buscan evitar que empresas tecnológicas privadas limiten el uso gubernamental de la inteligencia artificial, especialmente en áreas sensibles como seguridad, defensa o inteligencia.
Washington rompe acuerdos con Anthropic
El conflicto ya ha tenido consecuencias directas.
El comisionado del Servicio Federal de Adquisiciones, Josh Gruenbaum, confirmó que la administración ha cancelado el acuerdo “OneGov” con Anthropic, lo que elimina la disponibilidad de su tecnología en contratos federales preaprobados.
Según Gruenbaum:
“Sería irresponsable para el pueblo estadounidense y peligroso para nuestra nación mantener una relación comercial con Anthropic.”
La cancelación implica que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial ya no podrán adquirir tecnología de la empresa mediante los contratos centralizados de la GSA.
La batalla por el control de la inteligencia artificial
El enfrentamiento refleja un debate cada vez más intenso sobre quién debe controlar la inteligencia artificial avanzada: las empresas privadas que la desarrollan o los gobiernos que buscan utilizarla para fines estratégicos.
En Washington, la postura de la administración Trump es clara: la IA se considera ya una infraestructura crítica de seguridad nacional.
Por ello, el gobierno pretende evitar que restricciones corporativas o agendas ideológicas limiten su utilización en defensa, inteligencia o administración pública.
Una nueva guerra tecnológica en marcha
El caso Anthropic podría ser solo el principio.
Las nuevas directrices de contratación indican que todas las empresas de inteligencia artificial que aspiren a trabajar con el gobierno estadounidense deberán aceptar condiciones mucho más estrictas.
En la práctica, esto podría redefinir la relación entre Silicon Valley y Washington, obligando a las compañías tecnológicas a elegir entre mantener el control ético de sus sistemas o acceder a los enormes contratos públicos del gobierno estadounidense.
La cuestión de fondo es evidente: ¿quién controla realmente la inteligencia artificial que definirá el poder global en las próximas décadas?
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