EE.UU. golpea otra narcolancha en el Pacífico: 2 muertos
Operación ‘Lanza del Sur’ suma un nuevo ataque letal cerca de Colombia
Estados Unidos realizó este jueves un nuevo ataque contra un buque en aguas internacionales del Pacífico, cerca de Colombia, al que vincula con organizaciones del narcotráfico. La acción, enmarcada en la misión ‘Lanza del Sur’, terminó con dos tripulantes muertos, según informó el Comando Sur (SOUTHCOM).
El propio Comando Sur anunció el golpe con un vídeo difundido en redes y describió a los fallecidos como ‘narcoterroristas’. En su comunicado, fechado el 5 de febrero, sostuvo que el ataque se ejecutó por orden del comandante del SOUTHCOM, el general Francis L. Donovan, a través de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear. Según esa versión, la inteligencia habría confirmado que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de tráfico de drogas. El ejército estadounidense asegura que no hubo heridos entre sus fuerzas.
Una campaña con 119 muertos y denuncias por ‘ejecuciones extrajudiciales’
Este episodio se suma a una cifra que ya levanta polémica internacional: al menos 119 personas han muerto desde agosto de 2025 en ataques contra presuntas embarcaciones cargadas de droga, dentro de la campaña denominada Operación Lanza del Sur, que la Administración Trump presenta como una ofensiva para reducir el tráfico de narcóticos.
El 27 de enero, familiares de víctimas de estos ataques denunciaron al Gobierno de Trump. La denuncia señala un caso concreto: el 14 de octubre, Joseph y Samaroo regresaban de Venezuela a sus hogares en Las Cuevas (Trinidad y Tobago) cuando un misil impactó en su embarcación.
La madre de Joseph, Lenore Burnley, y la hermana de Samaroo, Sallycar Korasingh, presentaron demandas al amparo de dos leyes federales: la Ley de Muertes en Alta Mar y la Alien Tort Statute, que habilita a ciudadanos extranjeros a demandar en tribunales estadounidenses por presuntas violaciones del derecho internacional.
En esas demandas sostienen que los ataques fueron ilegales y los califican como asesinatos premeditados: afirman que violan el derecho interno que prohíbe el asesinato y el derecho internacional que prohíbe las ejecuciones extrajudiciales o la privación arbitraria o ilegal del derecho a la vida. En los escritos también se describe que Joseph viajaba con frecuencia a Venezuela para pescar y trabajar en el campo, mientras Samaroo habría trabajado en una granja en las semanas previas, cuidando cabras y vacas y elaborando queso.
Análisis crítico: seguridad, propaganda y un tablero político regional
El relato oficial de Washington insiste en el marco de la ‘guerra contra las drogas’ y eleva el lenguaje al hablar de ‘terroristas’, una etiqueta que endurece la narrativa y busca blindar la operación ante la opinión pública. Pero el coste humano acumulado y las demandas abren una pregunta incómoda: ¿se está ante una estrategia de interdicción quirúrgica o ante una política que normaliza el uso letal de la fuerza en alta mar con verificación pública limitada?
El nuevo ataque también ocurre tras la visita oficial del presidente colombiano, Gustavo Petro, a Washington, donde se reunió con Donald Trump después de diferencias entre ambos. Además, el despliegue de navíos y aeronaves en aguas internacionales arrancó en el Caribe y precedió a la intervención militar del 3 de enero con la que EE.UU. detuvo a Nicolás Maduro en Caracas para trasladarlo a una cárcel federal de Nueva York. El mensaje geopolítico es claro: EE.UU. está dispuesto a imponer hechos consumados en la región, mientras el debate sobre legalidad, proporcionalidad y control democrático sigue abierto.
