La ministra Yolanda Díaz plantea una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 3,1 % en 2026, pero su propuesta de incentivos fiscales deja fuera a miles de autónomos en módulos y no contempla la indexación de contratos públicos, una exigencia clave de la patronal.
El Ministerio de Trabajo ignora a buena parte del tejido autónomo con una propuesta que podría aumentar hasta 700 euros anuales los costes por empleado.
Una subida con coste alto… y beneficios para unos pocos
Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social, ha propuesto en la mesa de diálogo social una subida del SMI del 3,1 %, lo que elevaría el salario mínimo de 1 184 euros a 1 220 euros mensuales en 14 pagas (17 075 euros al año).
A cambio, Díaz ofrece una nueva deducción fiscal en el Impuesto de Sociedades para pymes y autónomos con empleados que cobren el SMI, aunque la medida no beneficiará a todos. Quedan excluidos los autónomos que tributan en módulos, como comercios, bares, peluquerías o agricultores, pese a ser uno de los colectivos más vulnerables al incremento de costes.
El nuevo SMI disparará los costes hasta 700 euros por trabajador
Según cálculos de CEPYME, esta subida supondría un sobrecoste anual de hasta 700 euros por empleado, teniendo en cuenta tanto el salario como las cotizaciones sociales. Con un salario mínimo que ya representa más del 70 % del salario medio en muchas pymes, el nuevo incremento podría acercar esa proporción al 75 %, lo que asfixiaría aún más a los pequeños empleadores.
CEOE rechaza una propuesta que ignora sus exigencias clave
La CEOE, que hasta ahora ha estado al margen de las subidas del SMI impulsadas por el Gobierno, difícilmente respaldará esta nueva medida. La patronal había puesto dos condiciones claras para negociar:
- Indexar automáticamente los contratos públicos al alza del SMI.
- Permitir seguir usando complementos salariales para alcanzar el salario mínimo legal.
Ambas han sido ignoradas por el Ministerio de Trabajo. La Ley de Desindexación impide actualmente actualizar los contratos con la Administración, lo que obliga a las pymes a asumir el alza salarial sin compensación alguna. Para los sectores con contratos públicos de larga duración, esta situación es crítica.
La exclusión de los módulos: otra muestra del abandono institucional al autónomo tradicional
Mientras el Gobierno presume de “escudo social”, deja fuera de las deducciones a decenas de miles de autónomos que tributan por estimación objetiva (módulos). Estos perfiles no solo no recibirán ayuda fiscal, sino que además deberán asumir los nuevos costes sin posibilidad de trasladarlos a sus precios por contrato.
Una peluquera con empleados cobrando el SMI verá cómo suben sus costes, pero no podrá beneficiarse de la deducción ni repercutir el alza en sus precios si trabaja con contratos cerrados.
Otra trampa: la deducción estaría condicionada a “subir salarios”
Según el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez-Rey, la deducción no premiaría a quienes mantienen sueldos bajos, sino que se otorgaría a quienes suban los salarios por encima del SMI en los próximos años. Es decir, la ayuda fiscal estaría condicionada a un compromiso futuro de seguir aumentando sueldos, lo que hace aún más restrictiva y peligrosa la medida para pymes con márgenes ajustados.
¿Una medida electoral o un error de cálculo económico?
Mientras los sindicatos aplauden la propuesta, miles de autónomos y pequeños empresarios la reciben con preocupación. No hay memoria fiscal, no hay concreción técnica y no se ha revelado el coste total de la medida, ni quiénes quedarán definitivamente fuera. Tampoco se han definido los requisitos para acceder a la deducción.
La ambigüedad se ha convertido en estrategia, y el castigo a los autónomos en rutina.
¿Puede el Gobierno seguir hablando de justicia social mientras aprueba medidas que benefician a unos pocos y dejan atrás al autónomo que levanta cada día su negocio sin red ni ayuda real?
