Costas a García Ortiz: 64 778,78 € por el caso Ayuso
González Amador aprieta tras la condena por revelación de secretos
El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido al Tribunal Supremo que el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz le pague 64 778,78 euros en concepto de costas procesales del juicio en el que fue condenado por revelación de secretos. En el mismo escrito, dirigido a la Sala de lo Penal, reclama además la tasación y pago de las costas de la acusación particular y rechaza que pueda anularse la condena.
Según el documento, la defensa de González Amador fundamenta la petición en los artículos 241 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, detalla los conceptos incluidos en la cuantía y solicita que se practique la tasación correspondiente.
Qué pide exactamente y por qué importa
Este movimiento es un nuevo capítulo de la ofensiva judicial del empresario contra García Ortiz: la semana anterior, González Amador también solicitó su expulsión de la carrera fiscal tras la condena de inhabilitación por la citada revelación de secretos, en el contexto de la causa en la que el empresario figura investigado por dos presuntos delitos fiscales.
La defensa sostiene, además, que no procede abrir la puerta a una eventual anulación de la condena por la revelación de datos vinculados a esa investigación. El trasfondo político es evidente: el foco no está solo en un choque entre partes, sino en el impacto institucional de que un ex fiscal general del Estado haya sido condenado por unos hechos conectados a un caso de máximo interés público.
ANÁLISIS CRÍTICO
En términos institucionales, la petición de costas pone el dedo en una cuestión incómoda para el poder: si el Supremo condena a un ex máximo responsable del Ministerio Fiscal por revelación de secretos, el debate ya no es únicamente penal, sino de credibilidad del Estado. Para muchos ciudadanos, el mensaje es explosivo: cuando el engranaje judicial se mezcla con pulsos políticos, la confianza en la imparcialidad se erosiona.
También hay una lectura política inevitable: el caso se proyecta sobre el entorno de Ayuso, convertida desde hace años en objetivo preferente de la izquierda mediática y parlamentaria. Y, mientras se mantiene abierta la investigación por presuntos delitos fiscales del empresario, la condena por revelación de secretos contra García Ortiz reaviva el debate sobre los límites del poder institucional y el uso de información sensible en batallas públicas.
Por ahora, García Ortiz ya ha abonado hace pocos días la multa de 7 200 euros y ha ingresado 10 000 euros en concepto de indemnización a González Amador en cumplimiento de la sentencia. La disputa se desplaza ahora a las costas, con casi 65 000 euros en juego y un choque que mantiene alta la tensión política y judicial.
