Caso Leire Díez: el juez expulsa a Aldama y García-Castellón
La instrucción acota la causa: no eran ‘víctimas’ ni ‘perjudicados’
El juez Arturo Zamarriego, que investiga en Plaza de Castilla (Madrid) a la exmilitante del PSOE Leire Díez por presunto cohecho y tráfico de influencias, ha cambiado su criterio y ha sacado del procedimiento al empresario Víctor de Aldama (caso Koldo) y al magistrado jubilado Manuel García-Castellón. El motivo: como defendía la Fiscalía, el juez concluye que no pueden ser considerados víctimas ni perjudicados en esta causa.
En un auto conocido a través de RTVE, Zamarriego estima un recurso de la propia Leire Díez contra una resolución anterior (del 4 de noviembre) que sí había permitido su personación como afectados por la ‘búsqueda de información y difusión’ sobre ambos con el presunto objetivo de desacreditarlos. Ahora, el instructor asume que no concurren los requisitos legales para esa condición procesal.
Qué se investiga: presuntas maniobras para obtener ‘información comprometida’
El juzgado investiga si Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset habrían intentado conseguir información comprometida de mandos de la UCO de la Guardia Civil, de la Fiscalía Anticorrupción y de jueces para desprestigiarlos ofreciendo a cambio una serie de favores. En el procedimiento también figura como investigado el periodista Pere Rusiñol, en el marco de esos presuntos delitos.
Aldama, fuera: solo aparece por unas notas de un agente
Sobre Víctor de Aldama (investigado en el caso Koldo y por un presunto fraude en hidrocarburos), Zamarriego señala que su única conexión con esta causa es la declaración del guardia civil Rubén Villalba, que dijo haber tomado notas de reuniones con Leire Díez en marzo de 2025. La defensa de Aldama apuntaba a una posible revelación de secretos, pero el juez concluye que esos hechos no guardan relación con el origen de esta investigación y que lo pretendido sería ampliar la causa a otro delito distinto, por escuchas entre Aldama y su abogado en prisión.
García-Castellón, fuera: lo que plantea sería otro delito ajeno a la causa
Respecto a Manuel García-Castellón, el auto afirma que su escrito no concreta hechos que sustenten su condición de perjudicado, más allá de aludir a noticias que sugerirían que la investigada difundió informaciones presuntamente falsas para dañar su honor. El juez subraya que, de tener relevancia penal, eso encajaría en un posible delito de injurias, ajeno al objeto de esta causa.
El patrón: la Fiscalía frena personaciones ‘por recortes de prensa’
El mismo criterio ya se aplicó recientemente para rechazar personaciones del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García: según se recoge, se apoyaban en que Leire Díez habría dicho controlar defensas jurídicas en otros procedimientos, pero aportando básicamente noticias.
Próximos pasos: testigos del entorno socialista y empresarial
Zamarriego tiene previsto tomar declaración el próximo lunes como testigos al exdirigente socialista Santos Cerdán, al actual secretario de Estado de Telecomunicaciones Antonio Hernando y al empresario Alejandro Hamlyn, dentro de una causa que vuelve a colocar bajo foco la mezcla de política, presión mediática y batalla judicial.
También se cae la pieza sobre la jueza del caso David Sánchez
El juez también ha revocado la incorporación de una querella para investigar si Leire Díez maniobró contra la jueza de Badajoz Beatriz Biedma, que procesó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Estima un recurso de la defensa al entender que la querella de Hazte Oír contra Leire Díez y el exjuez Luis Sáenz de Tejada no es conexa con lo investigado en Madrid: ‘los hechos no son idénticos’ y el único nexo sería que Leire Díez aparece denunciada en ambos procedimientos.
Análisis crítico: una causa políticamente explosiva, jurídicamente recortada
La decisión deja un mensaje incómodo: mientras el foco público gira en torno a nombres de alto voltaje (Aldama, García-Castellón, Ábalos o Koldo), el juzgado insiste en delimitar el caso a lo que considera estrictamente investigable. Eso reduce el terreno de juego y evita que la instrucción se convierta en una macrocausa por acumulación. Pero también alimenta la sospecha política: cuando el asunto roza a instituciones clave como la UCO, Anticorrupción y magistrados, cada recorte procesal será leído por unos como prudencia jurídica y por otros como una forma de desactivar derivadas especialmente sensibles.
