El cantante expresa su indignación tras el archivo de la Fiscalía por falta de competencia y denuncia un linchamiento mediático que, asegura, vulneró su presunción de inocencia.
La Fiscalía archiva sin investigar y el daño ya está hecho
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado las diligencias abiertas contra Julio Iglesias por falta de competencia territorial, al considerar que los hechos denunciados —supuestamente ocurridos en República Dominicana y Bahamas— deben ser investigados por las jurisdicciones de esos países. El Ministerio Público ni siquiera entró al fondo del asunto.
Para el artista, sin embargo, la resolución llega tarde: el impacto reputacional ya se ha producido.
“Me han jodido la reputación. ¿Y ahora qué?”
En conversaciones trasladadas a su entorno, Iglesias ha mostrado una indignación profunda por el trato recibido:
“Me han jodido mi reputación. ¿Y ahora qué?”
A sus 81 años, el cantante subraya que el principio de presunción de inocencia fue ignorado mientras algunos medios amplificaban acusaciones sin contraste suficiente. “La Fiscalía archivó el caso, como no podía ser de otra manera”, insiste, pero recalca que el daño público es “enorme e irreparable”.
Un archivo exprés que evidencia la endeblez jurídica
La defensa remarca que la causa era jurídicamente endeble y que el archivo se produjo en menos de un mes, precisamente por incompetencia territorial. Para Iglesias, este desenlace debería servir de advertencia: no todo vale a la hora de informar cuando están en juego honor, imagen y carrera.
Presunción de inocencia en entredicho
El cantante señala que lo más grave no son solo las acusaciones, sino cómo se presentaron: como hechos consolidados antes de cualquier pronunciamiento judicial. “Hay que esperar e investigar”, sostiene, recordando que la presunción de inocencia no es negociable.
Perfil bajo… y preparación de la ofensiva legal
Por ahora, el entorno del artista anuncia perfil bajo mientras los abogados recopilan publicaciones, emisiones y declaraciones que consideran difamatorias. El equipo jurídico estudia jurisdicciones, estrategias y cuantificación de daños para una ofensiva legal que podría llegar en los próximos meses.
“Linchamiento público” y contradicciones
Fuentes legales hablan abiertamente de “linchamiento público” y de una campaña de desprestigio basada en testimonios con contradicciones. El archivo de la Fiscalía es, dicen, solo el primer paso; el siguiente será depurar responsabilidades civiles y penales contra quienes, a su juicio, orquestaron y amplificaron acusaciones sin base sólida.
El caso deja una reflexión incómoda para el periodismo y la justicia mediática:
¿Quién repara el daño cuando una denuncia se archiva sin entrar al fondo, pero la reputación ya ha sido juzgada en la plaza pública?
