La Guardia Civil investiga a la presidenta del TACRC, nombrada por Montero, por favorecer adjudicaciones vinculadas al caso Begoña y a la red de corrupción socialista.
La UCO señala a Concepción Ordiz, máxima responsable del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales y designada por María Jesús Montero, por posibles presiones y resoluciones irregulares en contratos adjudicados a empresarios próximos al PSOE.
Un nuevo frente de corrupción para el sanchismo
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto bajo la lupa a un nuevo perfil del entorno socialista: Mª de la Concepción Ordiz, presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) y designada directamente por el Consejo de Ministros a propuesta de María Jesús Montero en 2021.
Ordiz aparece ahora vinculada a dos de los escándalos más explosivos que afectan al Gobierno: el caso Begoña Gómez, y la ‘operación Leire’, la trama de corrupción que salpica a cargos clave del PSOE.
La información consta en un escrito presentado por la acusación popular Manos Limpias ante el juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso Begoña.
Contratos para Barrabés: el giro sospechoso del TACRC
Según el escrito, el TACRC primero suspendió la adjudicación de contratos en septiembre de 2021 a la UTE Innova Next – The Valley, vinculada al empresario Juan Carlos Barrabés, eje de la investigación sobre Begoña Gómez.
Pero, sorprendentemente, dos meses después, el mismo órgano levantó la suspensión y permitió la adjudicación a pesar de los incumplimientos detectados.
“¿Qué ocurrió para que el TACRC cambiara de criterio tan bruscamente?”, plantea Manos Limpias, insinuando presiones políticas.
El tribunal, además, inadmitió recursos de otras empresas perjudicadas y mantuvo en vigor adjudicaciones incluso cuando se vulneraban cláusulas esenciales, como las relativas al Plan de Igualdad, usadas en otras licitaciones para anular procesos.
La ‘operación Leire’ estrecha el cerco sobre Ordiz
El escándalo no termina ahí.
La UCO ha detectado comunicaciones internas que demuestran que Ordiz habría tomado decisiones siguiendo instrucciones de Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, amigo personal de Montero y su hombre de máxima confianza durante años.
Fernández fue detenido en diciembre junto con:
- Leire Díez, histórica fontanera del PSOE.
- Antxon Alonso, supuesto socio del entorno de Santos Cerdán.
Todos investigados por prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.
La Guardia Civil apunta a órdenes directas para que el TACRC resolviera recursos contractuales de forma favorable a empresas conectadas con la trama.
El caso permanece bajo secreto de sumario, pero fuentes jurídicas admiten que no se descartan nuevas imputaciones, ni que la pieza pueda ampliarse hacia altos cargos del Ministerio de Hacienda.
Una estructura de poder al servicio del PSOE
La investigación revela un patrón cada vez más evidente:
- Cargos nombrados por ministros del Gobierno resolviendo contratos de forma sospechosa.
- Empresarios próximos al PSOE beneficiados en procesos cuestionados.
- Red de comunicaciones cruzadas entre altos responsables de SEPI, TACRC y el entorno del partido.
La sombra de la interferencia política es ya demasiado grande como para ignorarla.
Conclusión: Montero, acorralada por la corrupción que lleva su sello
La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, ve cómo la UCO apunta directamente a una persona nombrada por ella, situada en un órgano clave encargado de garantizar la limpieza de los contratos públicos.
Resulta escandaloso que mientras el Gobierno habla de «transparencia» y «regeneración», los órganos que deberían velar por la legalidad aparecen obedeciendo instrucciones políticas y facilitando adjudicaciones a la carta.
¿Hasta dónde llegará la red de corrupción socialista que esta hundiendo a España?
¿Y cuántos altos cargos de Sánchez caerán antes de que el Gobierno dé explicaciones reales a los ciudadanos?
