Regularización masiva: Albacete enseña español a 250 migrantes
El plan del Gobierno choca con la realidad del campo: empleo en negro y falta de control
El Gobierno de España ha iniciado los trámites para una regularización extraordinaria de personas migrantes que, según la información publicada, podría alcanzar a cerca de medio millón de trabajadores en todo el país, con miles de potenciales beneficiarios en Castilla-La Mancha. En una región con déficit de mano de obra en sectores como la agricultura, sindicatos, organizaciones sociales e incluso la Iglesia presentan la medida como un impulso económico.
El argumento central es fiscal: el secretario de la Unidad de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Castilla-La Mancha, César García, asegura que se trata de más de 500 000 personas que ya trabajan, pero lo hacen en negro, y que al regularizarlas pasarían a cotizar como asalariados o autónomos. La pregunta incómoda que queda en el aire es otra: si están trabajando en negro, ¿dónde ha estado la inspección y quién se ha beneficiado del sistema?
¿Hablamos?: clases de castellano para quien ya está trabajando
Mientras el debate político se centra en la regularización, en Albacete el proyecto ¿Hablamos? lleva casi una década dando una respuesta práctica al problema de fondo: el idioma y la integración real. Su voluntariado, con perfiles como la maestra jubilada Llanos Molina, ha enseñado castellano a 250 personas solo en 2025, muchas de ellas recién llegadas y ya empleadas en el campo castellanomanchego pese a no dominar el español.
El método se basa en grupos muy reducidos: cada profesor se sienta con dos o tres alumnos. Molina define esta fórmula como una enseñanza ‘de apego’ que facilita un trato familiar y abre la puerta a que los alumnos se desahoguen y pidan ayuda. Ese detalle, que a algunos les parecerá menor, revela un punto crítico: sin idioma, el migrante queda vendido ante abusos, intermediarios y chantajes.
Origen, asesoría y el riesgo de redes de abuso
Al centro social acuden personas de varios países, especialmente del norte de África, con menciones a Marruecos, Senegal o Malí. El aprendizaje del idioma sirve también como puerta de entrada a una red vecinal que orienta en cuestiones legales, clave para no caer en ‘redes indeseables’ que, según el proyecto, cobran por contratos o engañan a quienes buscan regularizar su situación.
Desde ¿Hablamos? sostienen que la regularización les parece ‘muy positiva’ porque otorgaría derechos a personas que ya viven en España con sus familias, trabajan y pagan impuestos. El debate, sin embargo, no desaparece: una regularización extraordinaria puede convertirse en un incentivo político y en un mensaje exterior si no se acompaña de controles eficaces y de una estrategia clara para evitar que el empleo irregular siga siendo la puerta de entrada.
Capacidad limitada: 120 alumnos al día y una ludoteca
El proyecto reconoce límites materiales: no puede superar los 120 alumnos diarios por falta de sillas en el centro social. Para evitar que las mujeres con hijos se queden fuera, han creado una ludoteca gracias a financiación de la Federación de Asociaciones de Vecinos, lo que permite que cada día acudan 20 niños y sus madres puedan asistir a clase.
La iniciativa está financiada por el Ayuntamiento y la Diputación de Albacete. Para 2026 esperan el apoyo de una entidad privada que les permitiría contratar a un trabajador social. En paralelo, el foco nacional seguirá en el plan del Gobierno: regularizar a quienes ya están dentro puede aliviar la economía sumergida, pero también abre una discusión inevitable sobre fronteras, control, responsabilidad empresarial y el coste político de convertir una excepción en norma.
