Fraude IVA hidrocarburos: declara De Aldama ante Pedraz
La Audiencia Nacional aprieta en el caso Villafuel
El empresario Víctor de Aldama declara este jueves ante la Audiencia Nacional como investigado en la causa por el presunto fraude millonario del IVA de hidrocarburos vinculado a Villafuel, un procedimiento por el que pasó un mes en prisión preventiva antes de comprometerse a colaborar con la Justicia en el llamado caso Koldo.
El instructor, el juez Santiago Pedraz, le interroga tras tomar declaración el día anterior al propietario de Villafuel, Claudio Rivas, y al exjefe de gabinete de la exministra Teresa Ribera, Marc Pons, que compareció como testigo. Hasta ahora, De Aldama solo había declarado por este asunto cuando fue detenido por el presunto fraude de 182,5 millones de euros en el IVA de hidrocarburos entre 2022 y 2024.
Rivas aplaza y Pons se desmarca: el foco vuelve a Moncloa
En su cita en la Audiencia Nacional, Claudio Rivas comunicó al juez que no declarará hasta que pasen por sede judicial el resto de imputados y testigos en esta ronda. Por su parte, Marc Pons, hoy diputado socialista en Baleares, admitió unos cinco encuentros con Koldo García cuando era asesor del exministro José Luis Ábalos, pero negó que esos contactos tuviesen que ver con la licencia de Villafuel.
Más allá del cruce de declaraciones, el caso vuelve a poner bajo la lupa la relación entre empresas que buscan licencias estratégicas y los despachos del poder político. Si hay algo que esta trama revela es la fragilidad del sistema cuando la frontera entre gestión pública y favores privados se difumina.
De la cárcel a la colaboración: el giro de Aldama
De Aldama fue detenido por el caso hidrocarburos el 7 de octubre de 2024 y entró en prisión junto a Rivas. Quedó en libertad un mes después tras comprometerse a colaborar con la Justicia por el caso Koldo, en el que espera juicio en el Tribunal Supremo y afronta una petición de 7 años de cárcel.
Antes de su ingreso en prisión por el caso hidrocarburos, declaró brevemente para desvincularse, describió a Rivas como socio y amigo personal y negó relación con Villafuel, zanjándolo con: ‘Me parece de broma’.
La licencia de Villafuel y los mensajes bajo sospecha
Según la UCO, la supuesta trama investigada buscaba que Villafuel obtuviese autorización como operador mayorista de hidrocarburos. No lo logró al principio, pero finalmente consiguió la licencia el 12 de septiembre de 2022 al considerarse que cumplía el requisito de capacidad financiera.
Este jueves también declaran como testigos el director general de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández, y el empresario Manuel Sallés. Aunque el nombre del alto cargo no figura como tal en el atestado, los investigadores citan mensajes de Aldama con un contacto denominado ‘Manuel García Maroto’, que interpretan podría ser ese responsable de Transición Ecológica, del que dependía jerárquicamente quien tramitaba el expediente. La conversación, en marzo de 2021, habría ocurrido poco antes de que Villafuel presentase alegaciones tras otra negativa administrativa.
En paralelo, la UCO sostiene que Manuel Sallés habría actuado como ‘intermediario en la adquisición’ de un chalet para Ábalos en Cádiz, supuestamente como premio. Además, estaría ‘vinculado empresarial y operativamente’ a Gaslow, otra empresa de Rivas investigada en un procedimiento anterior por otro presunto fraude en el IVA de hidrocarburos.
ANÁLISIS: licencias, impuestos y la política energética como botín
En plena presión fiscal sobre familias y pymes, el presunto agujero de 182,5 millones en un impuesto tan sensible como el IVA vuelve a disparar una pregunta incómoda: ¿quién vigilaba, quién firmaba y quién facilitaba accesos? El caso no es solo económico; es institucional. Y cuando aparecen nombres ligados al entorno político de la Transición Ecológica y al círculo Ábalos-Koldo, el debate deja de ser técnico para convertirse en un termómetro del deterioro de controles y responsabilidades.
