La Policía Judicial comunica al juez Juan Carlos Peinado que la esposa de Pedro Sánchez, pentaimputada por corrupción, sigue ignorando la orden de entregar su pasaporte, lo que podría derivar en un delito de desobediencia.
La Policía alerta al juez del desafío abierto de Begoña Gómez
La Policía Judicial ha comunicado al juez Juan Carlos Peinado que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, se sigue negando a entregar su pasaporte, pese a que el magistrado lo ordenó como medida cautelar hace más de dos meses y medio.
El informe policial, fechado el 15 de enero, confirma que no ha habido ninguna respuesta ni cumplimiento por parte de la investigada, a pesar de que el requerimiento fue debidamente notificado el 11 de noviembre tanto a Gómez como a su asesora imputada, María Cristina Álvarez, sufragada con fondos públicos.
Dos meses y medio ignorando al juez
Según el oficio remitido al juzgado, los agentes comunicaron la orden judicial a las investigadas, quienes respondieron que trasladarían el requerimiento a su defensa jurídica. Sin embargo, el tiempo ha pasado sin que se haya producido entrega alguna del pasaporte, ni explicación formal al juez.
“A fecha del presente no se ha recibido respuesta y, por lo tanto, no existe novedad al respecto”, señala literalmente el informe policial.
Este silencio prolongado ha obligado al juez Peinado a valorar nuevas acciones judiciales ante lo que ya no se interpreta como un simple retraso administrativo, sino como una negativa consciente a cumplir una orden judicial firme.
¿Puede haber delito de desobediencia?
Fuentes jurídicas consultadas apuntan a que, si persiste esta actitud, Begoña Gómez podría enfrentarse a un delito de desobediencia a la autoridad judicial, tipificado en el Código Penal cuando un ciudadano ignora de forma reiterada y sin causa justificada una orden directa de un juez.
El problema no es menor: no se trata de un trámite, sino de una medida cautelar impuesta en una causa penal abierta, y su incumplimiento erosiona el principio básico de igualdad ante la ley.
Una imputación múltiple que agrava la situación
Begoña Gómez se encuentra pentaimputada por los delitos de:
- Tráfico de influencias
- Corrupción en los negocios privados
- Apropiación indebida
- Intrusismo profesional
- Malversación de caudales públicos
Por su parte, su asesora María Cristina Álvarez está imputada por tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación, y tampoco ha cumplido con la orden de entrega del pasaporte.
La pregunta inevitable: ¿desacato o impunidad?
Aquí surge la cuestión clave que muchos ciudadanos se hacen —y que los hechos alimentan—:
👉 ¿Qué ocurre cuando una ciudadana ignora durante más de dos meses una orden judicial sin consecuencias inmediatas?
👉 ¿Estamos ante un caso de desacato tolerado o de impunidad política?
Si cualquier otro investigado hubiera desobedecido durante semanas una orden similar, la reacción judicial habría sido inmediata. En este caso, el silencio institucional y la lentitud forzada proyectan una imagen inquietante: la de una justicia que avanza con pies de plomo cuando la imputada es la esposa del presidente del Gobierno.
Un desafío que pone a prueba al Estado de derecho
El juez Peinado tiene ahora la responsabilidad de demostrar que las órdenes judiciales no son opcionales, ni siquiera para quienes habitan el núcleo del poder político.
Porque si no hay consecuencias, el mensaje es devastador:
📌 la ley no es igual para todos,
📌 las órdenes judiciales se pueden ignorar,
📌 y el poder político queda por encima del Estado de derecho.
¿Estamos ante un caso de independencia judicial… o ante la confirmación de una impunidad institucionalizada?
