Corea del Sur: 23 años al ex primer ministro por ley marcial
La Justicia castiga a Han Duck-soo y eleva la pena por encima de la Fiscalía
El ex primer ministro de Corea del Sur Han Duck-soo, de 76 años, ha sido condenado a 23 años de prisión por su papel en la ley marcial declarada por el entonces presidente Yoon Suk-yeol el 3 de diciembre de 2024. La sentencia supera en 8 años los 15 que pedía la Fiscalía.
El tribunal sostiene que Han tuvo un papel clave, más allá de la mera complicidad, en la imposición del estado de excepción, que según el fallo constituye un acto de insurrección. También lo condena por ocultar documentación vinculada a la ley marcial, fabricar documentos oficiales falsos y destruir otros para simular que la declaración se ajustó a los procedimientos legales.
Detención inmediata: una imagen inédita en la historia constitucional
Tras escuchar la sentencia, Han afirmó en voz baja que aceptaba ‘humildemente’ la decisión. Acto seguido fue detenido frente al tribunal para evitar la destrucción de pruebas, una medida que, según el propio caso, es la primera vez que ocurre en la historia constitucional del país. La lectura del fallo en el Tribunal del Distrito Central de Seúl fue retransmitida en directo por televisión.
En los días previos al juicio, Han negó haber respaldado la ley marcial: aseguró que nunca estuvo de acuerdo, que no participó en la movilización de tropas y que intentó convencer al presidente para tomar otra decisión, sin éxito.
El precedente Yoon y el debate incómodo: ¿justicia ejemplar o ajuste político?
La severidad, explica el juez, se apoya en el rango de Han como ‘segundo al mando en el Ejecutivo’. Para el tribunal, ‘quienes estaban en el poder, elegidos por el pueblo, ignoraron la Constitución y la ley y cometieron actos de insurrección, socavando gravemente la confianza del pueblo en la democracia y el Estado de derecho’.
El caso no se entiende sin la caída judicial del propio Yoon Suk-yeol: el pasado viernes fue condenado a 5 años de cárcel en el primero de los 8 procesos abiertos por la ley marcial. El 19 de febrero se espera otro veredicto, en el que podrían condenarle a pena de muerte por insurrección, aunque el país mantiene una moratoria de ejecuciones desde hace casi 40 años, lo que hace muy improbable que se ejecute.
La ley marcial se decretó alegando la necesidad de proteger al país de ‘fuerzas antiestatales’ vinculadas a Corea del Norte, pero fue revocada horas después por el Parlamento, con apoyo de 190 parlamentarios presentes, en medio de protestas masivas. Esa misma madrugada, Yoon decidió revocarla y retirar a los militares desplegados.
La pregunta de fondo, incómoda también para cualquier democracia: cuando el poder se salta las reglas en nombre de la seguridad, ¿estamos ante una respuesta excepcional o ante un atajo que abre la puerta al abuso? Y cuando llegan condenas tan duras para figuras del Gobierno, ¿se refuerza el Estado de derecho o se alimenta una justicia que algunos verán como herramienta política?
