Los dos únicos certificadores que valida la DGT para la baliza V16 —obligatoria en todos los coches— están vinculados al Ejecutivo catalán de Salvador Illa. Más de 200 modelos ya han sido validados bajo ese esquema.
La DGT recurre a laboratorios con intereses políticos para certificar las balizas V16
Mientras los conductores españoles se enfrentan al cambio obligatorio a balizas V16, la polémica crece sobre quién valida esos dispositivos. La Dirección General de Tráfico (DGT), dependiente del Ministerio del Interior, ha confiado la homologación de estos sistemas a dos laboratorios estrechamente vinculados al Gobierno catalán que preside Salvador Illa.
Los dos entes encargados de certificar que una baliza cumple los requisitos técnicos son:
Idiada Automotive Technology SA —participada al 20 % por la Generalitat de Cataluña.
Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia (LCEO) —perteneciente a una fundación que, a su vez, comparte sociedad con la Generalitat en otra empresa del sector.
El papel de la Generalitat en la homologación V16
Idiada Automotive Technology SA, con sede en Tarragona, es controlada en un 80 % por Applus Servicios Tecnológicos SLU, mientras que el 20 % restante pertenece directamente a la Generalitat a través de Avançsa, una empresa pública catalana.
En 2024, Applus ganó un contrato por 428 millones de euros para gestionar Idiada, con un sobreprecio del 80 % respecto a la licitación original. La transacción, calificada por la Generalitat como “la principal operación patrimonial de su historia”, compromete además:
4 millones de euros anuales en dividendos para el Gobierno catalán.
Un pago adicional del 2 % del EBITDA anual.
Requisitos para que proveedores y programas formativos se establezcan en Cataluña.
Este entramado eleva las sospechas de que la certificación de las balizas V16 —producto obligatorio desde 2022 bajo real decreto del Gobierno de Pedro Sánchez— esté siendo gestionada con intereses políticos y económicos entrelazados.
Un segundo certificador con relación indirecta al Gobierno catalán
El LCEO, por su parte, pertenece a la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial (FFII), creada en la Universidad Politécnica de Madrid. El presidente de esa fundación es ahora el director de la propia escuela, Sergio Domínguez Cabrerizo.
Esta fundación es socia de la Generalitat en otra compañía, Centro de Ensayos, Innovación y Servicios SL (CEIS), donde Cataluña posee un 5 %.
Así, aunque el LCEO no está directamente participada por la Generalitat, el mismo entorno empresarial comparte vínculos societarios estrechos con el Ejecutivo catalán, lo que levanta recelos sobre la independencia real de las certificaciones.
Más de 200 modelos homologados y decenas de fabricantes
Desde el 22 de diciembre de 2022, cuando se homologó por primera vez la baliza V16 inventada por la firma gallega Netun Solutions SL y fabricada por Kepar Electrónica SL, más de 200 modelos de baliza han sido certificados por estos laboratorios.
La DGT exige que cada dispositivo lleve impreso un código de homologación que incluye un número alfanumérico con las siglas LCOE o IDIADA, identificando al laboratorio que avaló el modelo.
Esa pieza de información es clave para evitar falsificaciones y garantizar que los dispositivos en circulación cumplen la normativa.
¿Independencia técnica o negocio político?
La controversia surge cuando la independencia técnica que debe existir entre un organismo regulador (como la DGT) y los laboratorios que certifican productos de seguridad vial parece desvanecerse en un entramado de intereses políticos y cargos públicos.
Con la Generalitat participando en empresas certificadoras, la pregunta que muchos sectores ya plantean es si la homologación de un elemento de seguridad obligatorio para millones de conductores sirve a criterios técnicos, o a intereses económicos y políticos compartidos entre instituciones públicas y grandes grupos empresariales.
