La Guardia Civil irrumpe en organismos clave del Estado en busca de pruebas sobre una red de corrupción que apunta directamente a altos cargos vinculados al PSOE. La exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI y un empresario cercano al núcleo socialista están detenidos.
La UCO intensifica la investigación: registros en sedes públicas estratégicas
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha ejecutado una operación de gran alcance al personarse en Correos, el Ministerio de Hacienda y Transición Ecológica para requisar documentación sensible sobre contratos públicos adjudicados presuntamente de forma irregular.
Estos registros forman parte de la investigación que dirige la Audiencia Nacional, con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción, y que pone en la diana a una trama de amaños, tráfico de influencias y corrupción institucional en el entorno socialista.
Leire Díez y los rostros de una red que salpica al PSOE
Hasta ahora, la operación ha llevado a la detención de tres personas con conexiones políticas y empresariales de alto nivel:
- Leire Díez, exlíder local socialista en Cantabria y empleada en empresas públicas como Correos o Enusa.
- Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, nombrado por el propio Gobierno de Sánchez.
- Antxon Alonso, empresario vinculado a Servinabar y socio de un exalto cargo del PSOE.
Los tres serán presentados este sábado ante el juez de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, quien deberá decidir si ingresan en prisión preventiva o quedan en libertad bajo medidas cautelares.
Una red tejida entre contratos públicos y poder político
La investigación apunta a un entramado de adjudicaciones irregulares y favores cruzados entre empresas estatales, altos funcionarios y cargos vinculados al PSOE. Los registros en Hacienda y Transición Ecológica buscan esclarecer si fondos públicos fueron desviados a empresas afines, algo que se investiga bajo secreto de sumario.
Fuentes oficiales aseguran que los ministerios están colaborando “con transparencia”, pero el volumen de documentos requeridos sugiere la existencia de expedientes altamente comprometidos para varios niveles del Gobierno.
Más que corrupción: cohecho, tráfico de influencias y maniobras contra la UCO
Leire Díez no sólo está implicada en esta causa. También figura como investigada en un procedimiento paralelo por cohecho y tráfico de influencias, donde se la acusa de intentar obstruir investigaciones judiciales y “neutralizar” a mandos de la Guardia Civil. Todo ello en coordinación con el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol.
En esa causa, salieron a la luz audios donde se escucha a Díez solicitar datos sobre miembros de la UCO, en lo que parece un intento deliberado de sabotear procesos judiciales en curso.
El PSOE, salpicado, se desvincula; el PP exige explicaciones urgentes
Mientras el PSOE intenta desmarcarse, alegando que Leire Díez ya no milita en el partido, desde el Partido Popular se exige un pleno extraordinario en el Congreso. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado la “corrupción sistémica” en el entorno del Gobierno de Sánchez y exige explicaciones inmediatas.
“España no puede vivir entre redadas y escándalos socialistas mientras Pedro Sánchez permanece atrincherado en La Moncloa sin dar la cara.”
Una nueva trama que amenaza con hundir más la credibilidad institucional
El caso Díez recuerda a otras grandes tramas del pasado, pero con un componente aún más grave: la supuesta utilización del aparato del Estado para proteger intereses particulares, controlar adjudicaciones y silenciar a quienes investigan desde dentro del sistema.
Con más detenciones en el horizonte y pruebas documentales aún por analizar, esta red de corrupción vinculada al PSOE puede ser una de las más profundas y estructuradas de la última década.
Conclusión:
Lo que comenzó como un escándalo local en Cantabria se ha convertido en una operación nacional que apunta al corazón del poder socialista, dejando en evidencia una red política-empresarial que habría operado bajo el paraguas del Estado.
La Justicia tiene ahora la palabra. Pero la credibilidad política del Gobierno de Sánchez ya está gravemente tocada.
