viernes, diciembre 12, 2025
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Venezuela anula adhesión al Estatuto de Roma: un gesto antiimperialista

La Asamblea Nacional de Venezuela, bajo control del chavismo, ha votado para anular la adhesión del país al Estatuto de Roma, cuestionando la autoridad de la Corte Penal Internacional. El presidente legislativo, Jorge Rodríguez, calificó a la CPI de instrumento del imperialismo y justificó la medida como un gesto antiimperialista tras el cierre de su oficina en Caracas. A pesar de esta decisión, la investigación de la Corte sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, iniciada en 2018, continúa activa, evidenciando la tensión entre la soberanía nacional y la justicia internacional.

Venezuela anula adhesión al Estatuto de Roma: un gesto antiimperialista

La Asamblea Nacional ignora la autoridad de la Corte Penal Internacional

En una decisión unánime, la Asamblea Nacional de Venezuela, bajo control del chavismo, ha votado para derogar la adhesión del país al Estatuto de Roma. El presidente del legislativo, Jorge Rodríguez, afirmó que este paso busca «denunciar la inutilidad y el vasallaje» de la Corte Penal Internacional (CPI). La norma fue aprobada tras el anuncio de la CPI de cerrar su oficina en Caracas, argumentando que no ha habido «progreso real» en la justicia interna de Venezuela.

Acusaciones políticas y falta de justicia

Rodríguez ha calificado a la CPI como un mecanismo al servicio del imperialismo norteamericano, resaltando que su función debería ser la protección de los pueblos. La aprobación de esta ley, que será enviada al presidente Nicolás Maduro para su promulgación, se enmarca en un contexto donde el chavismo busca deslegitimar las instancias internacionales que le acusan de violaciones a los derechos humanos.

Durante los debates, Rodríguez criticó abiertamente la inacción de la CPI respecto al «genocidio» que, según él, se lleva a cabo en Palestina, a pesar de que la Corte ya ha dictado órdenes de detención contra líderes israelíes por crímenes de guerra.

A pesar de estos movimientos, la CPI ha dejado claro que la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, iniciada en 2018, «permanece activa», lo que resalta la fragilidad del argumento del gobierno venezolano sobre su soberanía judicial.

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