Pedro Sánchez, al filo de declarar que ya gobierna “un régimen al margen de la ley”
Pedro Sánchez está, según voces críticas, a diez minutos de proclamar sin ambages que España vive un nuevo modelo político fuera de los marcos legales tradicionales. La ausencia de medidas cautelares —y la impunidad percibida de ciertos dirigentes socialistas— se convierten en argumento central de esta tesis.
La narrativa del poder sin límites
La opinión pública ha normalizado ya las “chistorras”: esos guiños de sátira política que, gracias a la inteligencia artificial, se transforman hoy en vídeos hiperrealistas donde los personajes y escenas construidas apenas se distinguen de la realidad. Lo que antes habría ido directo a tribunales o portadas, ahora circula con naturalidad por WhatsApp y redes sociales.
En ese estado de amortiguación colectiva, la indignación se vuelve más difícil de canalizar. Las cinco palabras que riman con fruta (canto, chanza, rima, etc.) se corean en discotecas, fiestas y eventos populares. Mientras tanto, las encuestas dibujan un horizonte incierto y las urnas, en el mejor de los casos, quedan como consuelo tardío.
Impunidad selectiva: el caso Ábalos, Cerdán y Koldo
Resulta llamativo —e irritante para muchos— que José Luis Ábalos no haya ingresado en prisión, mientras que Santos Cerdán alza su voz para denunciar un “agravio comparativo” respecto a su propia situación. Similar es el caso de Koldo “el último aizkolari socialista”, una figura que ha sido señalada una y otra vez, pero sin consecuencias inmediatas.
Quizás importarían poco los nombres si no representaran la punta visible de un iceberg de impunidad. Sin medidas cautelares —que impedirían fugas o destrucción de pruebas—, se libera oxígeno político vital para el poder ejecutivo. Y ese oxígeno puede ser la diferencia entre gobernar y resistir.
Según fuentes independientes del ámbito judicial, el Tribunal Supremo considera probable que estos casos terminen en prisión. Pero el cuándo y cómo dependerán de muchas variables: tiempo, cartas políticas, equilibrio de poder.
Cárcel versus elecciones: ¿la presión decisiva?
Algunos juristas y analistas sostienen que la prisión preventiva, aplicable en delitos graves, tiene un doble propósito: garantizar la ejecución de una investigación y proteger el interés público. En ausencia de esa cautelar, el sistema pierde uno de sus pocos frenos reales.
Si el mundo viera a un diputado con grilletes y esposas, la presión social, mediática y política podría dispararse. Para Pedro Sánchez, sin embargo, la cárcel no parece un elemento que altere su agenda: lo que no logra las urnas, lo intentará con reformas institucionales, pactos estratégicos y reacomodos de poder.
El episodio catalán de 2017 y su posterior gestión judicial son un antecedente claro: lo que empezó como desafío constitucional hoy ha adquirido ramificaciones institucionales profundas. Se habla ya de una estructura de poder paralela, donde la Fiscalía y el Tribunal Constitucional actúan como engranajes más políticos que judiciales.
Oposición: ¿esperando el colapso o buscando unidad?
PP y Vox —tradicionalmente rivales— caminan hoy con pie de plomo. Se toleran cuando conviene, se atacan cuando es útil. Ambos saben que una crisis de gobernabilidad provocada desde el entorno socialista puede frenar la caída de Sánchez.
El PP acusa obstinadamente al PSOE de alentar la “radicalización” del adversario para recortar libertades. Vox, por su parte, hace lo que mejor sabe: polarizar, tensionar y reclamar protagonismo. El bloque de la derecha, en su conjunto, parece más pendiente de su propio enfrentamiento interno que del colapso institucional que se dibuja en el horizonte.
¿Apostarán por confrontaciones simbólicas (manifestaciones, denuncias) o por acuerdos estratégicos de gobernabilidad? Esa pregunta late entre bambalinas.
