La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, planea arrancar septiembre con un paquete de reformas que podría suponer un golpe económico para autónomos y pequeñas empresas. Entre ellas figuran la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, un registro horario digital obligatorio, una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la aprobación del Estatuto del Becario.
Cuatro medidas que amenazan a autónomos y pymes
- Reducción de jornada: de las 40 horas actuales a un máximo de 37,5 horas semanales, en dos fases (38,5 horas en 2025 y 37,5 en 2026).
- Registro horario digital: obligatorio para todos los negocios, interconectado con la Inspección de Trabajo, con exigencias técnicas que muchos autónomos aún desconocen.
- Nueva subida del SMI: el Gobierno busca aprobar otro incremento que supondría al menos 500 euros más al año por empleado. Incluso se plantea una reforma para que las futuras subidas sean automáticas.
- Estatuto del Becario: más obligaciones para las empresas que contraten becarios, incluyendo gastos adicionales sufragados por los empleadores y mayor control de la Inspección.
Coste millonario para autónomos
Según la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), solo la reducción de jornada podría suponer un sobrecoste superior a 12 000 millones de euros al año para los más de 900 000 autónomos empleadores.
El presidente de ATA, Lorenzo Amor, calificó el retraso previo de la reforma como un “respiro momentáneo” para los pequeños negocios, pero advirtió que, si se aprueba, miles de horas laborales quedarán “descubiertas” y deberán ser cubiertas con nuevas contrataciones o pago de extras.
Obstáculos en el Congreso
La ministra decidió aplazar la reforma antes del verano al no contar con apoyos suficientes. Para que la reducción de jornada salga adelante, el Ejecutivo necesita el respaldo de Junts per Catalunya, que de momento se muestra reticente. También ERC y PNV han expresado dudas sobre el impacto en pymes y empleo.
Aun así, Trabajo insiste en que llevará la medida al Congreso tras el verano, en un contexto de inflación y aumento de costes que ya afecta a los pequeños empleadores.
Preocupación entre empresarios
Las organizaciones empresariales advierten que estas medidas se aplican sin diferenciar sectores ni tamaños de empresas, lo que supone una carga desproporcionada para los pequeños negocios frente a las grandes corporaciones.
En paralelo, muchos autónomos desconocen las implicaciones legales en materia de protección de datos que conllevaría el nuevo registro horario digital, lo que podría acarrear sanciones si no se implementa correctamente.
