El absentismo laboral continúa disparándose en España y se ha convertido en uno de los principales desafíos para empresas y administraciones. A pesar de ello, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Seguridad Social mantienen su enfoque en la regulación y fiscalización del empleo doméstico, mientras este fenómeno genera crecientes costes económicos y productivos.
Según datos publicados por diferentes organismos, como la patronal de mutuas y los estudios elaborados por Randstad basados en cifras del INE, el absentismo laboral alcanzó durante el segundo trimestre de 2025 una pérdida del 7% de las horas pactadas. De ellas, un 5,5% corresponde específicamente a ausencias relacionadas con Incapacidad Temporal.
Este porcentaje implica que, de media, más de 1,5 millones de trabajadores no acudieron a su puesto cada día, y que más de 1,22 millones lo hicieron por causas médicas. Desde 2019, este fenómeno no ha dejado de crecer de forma sostenida.
El impacto económico es notable. Además de afectar directamente a la productividad y competitividad de las empresas, el absentismo incrementa los costes asumidos por las arcas públicas. La Seguridad Social prevé destinar este año alrededor de 17.000 millones de euros al pago de bajas laborales.
Mientras tanto, el Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, mantiene su atención en la supervisión de las condiciones laborales de las empleadas de hogar. La reciente obligatoriedad de evaluar los riesgos laborales en este sector ha generado un aumento significativo de gestiones entre los hogares empleadores, así como controversias por las posibles sanciones de hasta 49.000 euros para quienes no cumplan con la normativa.
En paralelo, desde el Ministerio de Seguridad Social se continúa rechazando la existencia de un problema estructural en la sostenibilidad del sistema de pensiones, pese al incremento previsto en el gasto y a las advertencias de organismos independientes.
El contraste entre la creciente preocupación empresarial por el absentismo y el enfoque regulatorio del Gobierno ha reavivado el debate sobre las prioridades laborales y sociales del Ejecutivo, especialmente en un contexto marcado por el aumento de los costes laborales y la presión fiscal sobre empresas y trabajadores.
