La vicepresidenta segunda arremete contra los jueces del Tribunal Supremo y acusa a parte de la judicatura de querer “hacer caer al mejor Gobierno progresista”. La izquierda se lanza en tromba contra la justicia tras la condena al fiscal general por revelar secretos para atacar a Ayuso.
Yolanda Díaz desafía a la justicia española: acusa al Supremo de condenar injustamente al fiscal general y sugiere una conspiración judicial contra el Gobierno de Pedro Sánchez. La izquierda rompe todos los límites y legitima públicamente el ataque al Poder Judicial cuando sus aliados son condenados.
Yolanda Díaz: “Condenan a un inocente por luchar contra el fraude”
Desde una conferencia de Sumar, Yolanda Díaz ha cargado duramente contra la reciente condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, calificándola de “injusta” y “sin precedentes”.
“Se ha condenado a un hombre inocente por defender la transparencia frente a los bulos”, aseguró la vicepresidenta, obviando que el Supremo ha confirmado, por mayoría aplastante, que García Ortiz filtró información reservada para atacar al entorno de Isabel Díaz Ayuso.
En su discurso, Díaz añadió que “se ha trastocado la separación de poderes” y denunció que “hay una parte del poder judicial entregada al derribo del Gobierno”.
El primer fiscal general condenado de la historia
El Tribunal Supremo condenó a Álvaro García Ortiz a:
- 2 años de inhabilitación
- 7 200 euros de multa
- 10 000 euros de indemnización al denunciante: Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Díaz Ayuso
- Pago de costas judiciales
El fallo, votado por cinco magistrados frente a dos, confirma que el fiscal general vulneró el artículo 417.1 del Código Penal al revelar secretos de un procedimiento en curso con finalidad política.
Con esta condena, García Ortiz pasa a la historia como el primer fiscal general del Estado condenado penalmente.
La izquierda se lanza contra los jueces
La respuesta del Gobierno y sus socios no ha sido de respeto institucional, sino de ataque directo al poder judicial:
- Félix Bolaños, ministro de Justicia, afirma que el Gobierno no comparte el fallo.
- Podemos lo califica de “golpismo judicial”.
- Sira Rego, ministra de Juventud, acusa a los jueces de ser “militantes con toga”.
- Mónica García (Sanidad) afirma que el Supremo ha dado un “golpe letal a la presunción de inocencia”.
- Rufián (ERC): “Hoy los golpes de Estado se hacen en sede judicial”.
- Pisarello (Sumar) denuncia que “el franquismo pervive con toga”.
- Jéssica Albiach (Comuns) habla de “golpe judicial orquestado por la derecha más rancia”.
Este coro de voces confirma una narrativa organizada desde el Gobierno y sus socios para deslegitimar al Tribunal Supremo y preparar el camino hacia una posible amnistía o indulto.
¿Indulto a García Ortiz? Moncloa lo valora
Fuentes del Gobierno admiten que Pedro Sánchez baraja indultar al fiscal condenado, aunque “esperarán a leer la sentencia completa”.
Los juristas próximos al Ejecutivo confían en los votos particulares de los magistrados que se opusieron a la condena para construir un relato político que justifique el indulto.
Una medida que, de ejecutarse, significaría el golpe definitivo a la independencia judicial en España.
Una línea roja institucional traspasada
Lo sucedido esta semana sienta un precedente gravísimo:
- El fiscal general reveló secretos para dañar a un adversario político.
- Fue condenado con pruebas sólidas.
- En vez de dimitir, se aferró al cargo y acudió al juicio con toga.
- El Gobierno y su entorno desprecian la sentencia, descalifican a los jueces y preparan el indulto.
Y ahora, la vicepresidenta del Gobierno acusa a los magistrados de querer derribar al Ejecutivo. Todo esto, mientras la izquierda habla sin pudor de “golpes de Estado judiciales”.
Conclusión: el poder absoluto no admite controles
La nueva izquierda gubernamental ya no acepta los límites democráticos. Cuando un tribunal condena a uno de los suyos, no hay rectificación, ni humildad, ni respeto institucional: hay señalamiento, presión y deslegitimación.
Yolanda Díaz, lejos de actuar como vicepresidenta del Estado, ha optado por el ataque directo al corazón de la justicia, en una estrategia coordinada que busca blindar el proyecto sanchista a cualquier precio, incluso dinamitando la separación de poderes.
