Un nuevo giro explosivo en el Caso Hidrocarburos apunta directamente a Teresa Ribera, ex ministra de Transición Ecológica y actual vicepresidenta de la UE. Según la Unidad Central Operativa (UCO), Ribera habría concedido la licencia para operar en el mercado mayorista de carburantes a Villafuel S.L. pese a que la empresa no cumplía los requisitos legales, utilizando capital de origen sospechoso y ajeno a la normativa vigente.
Este hecho se suma al presunto fraude masivo de más de 182 millones de euros en IVA, y a la trama de corrupción, tráfico de influencias y evasión fiscal investigada por la Audiencia Nacional que ha salpicado a cargos socialistas como José Luis Ábalos, Víctor de Aldama o Koldo García Izaguirre, y ahora pone la lupa sobre el entorno político de Ribera.
Villafuel y el fraude que sacudió al sector energético
La investigación judicial y policial en torno al llamado Caso Hidrocarburos describe una organización criminal que operaba con sociedades pantalla, testaferros y mecanismos financieros para evadir impuestos, blanquear capitales y obtener ventajas ilegales en licencias energéticas.
La UCO estima que entre 2021 y 2024 el fraude supera los 182,5 millones de euros, parte de los cuales —según la investigación— habrían sido desviados al extranjero (Portugal, China, Colombia) a través de estructuras opacas.
Los presuntos cabecillas —entre ellos Aldama y Claudio Rivas— controlaban empresas vinculadas al comercio de combustible, entre ellas Villafuel S.L. y Have Got Time S.L., ocultando la identidad de los verdaderos dueños para facilitar la evasión y la ocultación del capital.
Sobornos, chalet para Ábalos y licencias a medida
Documentación policial interceptada por la UCO revela que la trama habría pagado cerca de un millón de euros en sobornos o favores para “comprar voluntades” entre políticos y facilitar licencias, incluso con un chalet para el exministro José Luis Ábalos.
Las conversaciones apuntan a intentos de influir no solo en el Ministerio de Transportes o el de Industria (Reyes Maroto), sino también en Transición Ecológica, el departamento que Ribera encabezaba cuando se autorizó a Villafuel a operar pese a incumplir claramente los requisitos legales.
La UCO señala a Ribera por autorizar una licencia ilegal
La clave del entramado se encuentra en el Real Decreto 2487/1994, modificado en 2010, que exige a las empresas de distribución mayorista de carburantes:
- Recurso propio mínimo afecto a la actividad de al menos 3 millones de euros, íntegramente desembolsados.
- Capacidad técnica demostrable o contrato vinculado con entidad con experiencia.
- Cumplimiento de obligaciones fiscales y de la Seguridad Social.
Villafuel, al presentar su solicitud en enero de 2021 ante el Ministerio que dirigía Ribera, no cumplía estos requisitos. Su capacidad financiera fue rechazada por no ser veraz, y sus ampliaciones de capital inicial fueron consideradas ficticias por el propio Ministerio.
Sin embargo, en julio de 2022, Villafuel “logró” sumar capital —que la UCO considera de origen ilegal— y, pese a ello, el 12 de septiembre de 2022 el Ministerio de Ribera otorgó la licencia para operar como mayorista de hidrocarburos.
La UCO describe un procedimiento con irregularidades graves
El informe de la UCO destaca que la Dirección General de Política Energética y Minas (DGPEM), dependiente del Ministerio de Ribera, es la autoridad competente para verificar el cumplimiento de los requisitos legales antes de conceder licencias. Pero en el caso de Villafuel, la evaluación y la decisión administrativa habrían sido influenciadas, permitiendo que una empresa que no cumplía la ley accediera al mercado mayorista petrolero.
La UCO subraya que, de haber aplicado la normativa de manera estricta, el MITECO podía —y debía— haber denegado o inhabilitado a la empresa por no acreditar los recursos propios exigidos por ley.
Ampliación de la investigación y nuevas imputaciones en el horizonte
La causa principal se tramita en la Audiencia Nacional (Juzgado Central de Instrucción nº 5). La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que la investigación se amplíe hasta 2026, con más personas imputadas a medida que se analizan documentos y comunicaciones intervenidas.
Paralelamente, este caso se relaciona con otros procedimientos judiciales —como el denominado “Caso Koldo”— que comparten figuras e influencias entre empresarios y altos cargos políticos de diversos ministerios.
