La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la denominada trama Hidrocarburos ha incluido ahora a la ministra Sara Aagesen en uno de los listados de cargos que habrían estado vinculados a las maniobras que facilitaron la operativa de la empresa Villafuel S.L., implicada en un presunto fraude fiscal que supera los 182 millones de euros.
Aagesen, que fue Secretaria de Estado de Energía durante el período clave en el que se tramitaron las autorizaciones a la compañía, aparece en los documentos policiales junto a otros altos responsables del área energética que estuvieron directamente relacionados con permisos y licencias en el sector hidrocarburífero.
Aagesen en el foco de la investigación
Según la UCO, Aagesen ocupó el cargo de Secretaria de Estado de Energía entre enero de 2020 y noviembre de 2024, periodo durante el cual se tramitaron las autorizaciones de operación de Villafuel pese a irregularidades que ahora están bajo investigación.
En los listados incorporados a la causa por la UCO figuran, además de Aagesen, otros responsables relevantes, como:
- El director de gabinete en el periodo investigado
- El director general de Política Energética y Minas
- El subdirector general de Hidrocarburos y Nuevos Combustibles
- La jefa de Área de Hidrocarburos Líquidos
La inclusión de Aagesen eleva el perfil político de la investigación y amplía el alcance de los nombres examinados por los investigadores.
Qué es la trama Hidrocarburos
La trama Hidrocarburos es un caso que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Se trata de una investigación judicial y policial sobre una organización presuntamente dedicada al fraude fiscal, corrupción y tráfico de influencias en el sector de distribución y comercialización de carburantes.
La estructura de la presunta red incluía empresas pantalla y mecanismos financieros complejos para evadir impuestos —especialmente IVA e impuesto especial sobre hidrocarburos— y blanquear capitales. Según los investigadores, una parte de los beneficios pudo desviarse al extranjero, a cuentas en países como Portugal, China o Colombia.
Sobornos y favores para facilitar licencias
La UCO ha señalado que la trama presuntamente pagó cerca de un millón de euros en sobornos o favores para “comprar voluntades” políticas y facilitar la obtención de licencias necesarias para operar en el sector. Entre esas contraprestaciones figuran incluso inmuebles entregados a responsables públicos en momentos clave del proceso.
La documentación y las comunicaciones intervenidas por la UCO apuntan a que los presuntos cabecillas, como Víctor de Aldama y Claudio Rivas, contaban con acceso privilegiado a altos cargos políticos y técnicos de varios ministerios que debían supervisar la correcta tramitación de permisos en el sector.
Implicación de otros cargos políticos
La investigación ha ido sumando nombres de políticos y altos cargos implicados en la tramitación de licencias, entre ellos:
- Teresa Ribera, ex vicepresidenta y ex ministra de Transición Ecológica, por la concesión de la licencia a Villafuel pese a irregularidades en la tramitación.
- Responsables del Ministerio de Industria que también intervinieron en el control y supervisión del proceso.
La aparición de Aagesen en los listados representa un nuevo paso en el caso, que sigue ampliándose conforme los investigadores revisan documentos y comunicaciones incautadas.
Defensa de Aagesen
Hasta ahora, Sara Aagesen ha defendido que nunca ejerció presiones indebidas durante su etapa en el Ministerio y que las decisiones se tomaron conforme a los procedimientos establecidos en la normativa. En sus respuestas a interrogantes políticos, ha subrayado que los procesos de concesión de permisos se ajustaron a los pasos habituales y que las decisiones administrativas estaban basadas en informes técnicos del departamento.
Ampliación del caso y próximos pasos
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado ampliar la investigación hasta 2026 y prevé nuevas imputaciones a medida que avanza el análisis de la documentación y las comunicaciones intervenidas. El llamado caso Hidrocarburos se relaciona también con otros procedimientos, como el denominado caso Koldo, en los que aparecen implicados contactos entre empresarios y altos cargos públicos.
La inclusión de Sara Aagesen en los listados de personas vinculadas a la trama añade presión al Gobierno y amplía los focos de atención en un caso que ya ha afectado a varios ministros y altos responsables públicos.
