Una nueva directiva europea obliga a todos los Estados miembros a penalizar con cárcel y sanciones económicas a las empresas que incumplan embargos o restricciones internacionales. La medida afectará también a autónomos, microempresas y pymes, sin excepción por tamaño o volumen de negocio.
Una nueva era de responsabilidad penal para las pymes
La Unión Europea ha dado un paso decisivo en su política de control comercial internacional al aprobar la Directiva (UE) 2024/1226, que exige a los países miembros tipificar como delito penal cualquier violación de las sanciones o medidas restrictivas impuestas por el Consejo Europeo.
Esto significa que cualquier empresa española, desde una gran multinacional hasta una micropyme o un autónomo que exporte, podrá ser procesada penalmente si vende bienes o servicios a países sancionados como Rusia, Irán o Corea del Norte, o a entidades vinculadas con ellos.
“Ni el tamaño ni la falta de intención serán excusas”, advierten fuentes jurídicas del sector.
“Una actuación negligente o la ausencia de controles internos puede acarrear sanciones penales graves”.
España adaptará su Código Penal antes de mayo
El Ministerio de Justicia ya trabaja en una reforma del Código Penal para incorporar esta directiva antes de finales de mayo de 2026. La normativa establecerá penas de prisión y sanciones económicas para las empresas o administradores que eludan embargos, congelen activos o realicen transferencias prohibidas a terceros países.
Hasta ahora, las infracciones relacionadas con sanciones internacionales en España se penalizaban solo con multas administrativas, pero la nueva legislación equiparará el incumplimiento a un delito económico.
“El objetivo de la UE es cerrar grietas en la aplicación de sanciones internacionales”, explicó Antonio Pedraza, presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas (CGE).
“La concienciación está empezando a calar, pero todavía falta diligencia y preparación”.
Las pymes, el eslabón más expuesto
El tejido empresarial español —compuesto en más de un 90 % por autónomos y microempresas— se enfrenta ahora a nuevas exigencias legales que hasta hace poco solo afectaban a las grandes corporaciones.
Ricardo Zion, profesor de Finanzas en EAE Business School, advierte que muchas pymes no cuentan con formación suficiente en cumplimiento normativo (“compliance”), ni en gestión de riesgos internacionales.
“El riesgo no está solo en la intencionalidad, sino también en la falta de control interno. Basta una exportación mal documentada o una operación con un intermediario equivocado para incurrir en delito”, explica Zion.
La prevención y el ‘compliance’, el nuevo escudo legal
Ante este nuevo escenario, los expertos recomiendan a las empresas invertir en formación, asesoramiento jurídico y sistemas de cumplimiento normativo, especialmente aquellas que realizan operaciones fuera de la Unión Europea.
La prevención será el único escudo eficaz frente a una posible imputación penal.
“El gasto en ‘compliance’ deja de ser un lujo o una formalidad para convertirse en una inversión estratégica y obligatoria”, subrayan los especialistas.
Un cambio cultural en la empresa española
La aplicación de esta directiva marcará un antes y un después en la cultura empresarial española. El cumplimiento normativo dejará de ser un simple requisito administrativo para convertirse en un pilar esencial de la gestión corporativa.
La Unión Europea busca así reforzar la unidad jurídica entre los Estados miembros y evitar que la evasión de sanciones —especialmente las impuestas tras la guerra de Ucrania— quede impune.
