El Gobierno de Donald Trump solicitó este lunes a una corte federal de apelaciones suspender la orden emitida por la jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong que prohíbe a los agentes migratorios realizar arrestos sin causa probable en siete condados del sur de California, incluida la ciudad de Los Ángeles.
La medida judicial, dictada el pasado viernes, impide al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) realizar detenciones basadas únicamente en elementos como la raza o etnia percibida, el idioma o acento del individuo, su presencia en ciertos lugares como paradas de autobús o el tipo de trabajo que desempeña. Además, obliga al Gobierno a redactar nuevas directrices para definir qué constituye una «sospecha razonable» sin recurrir a estos criterios discriminatorios.
Ante esta decisión, los abogados del Departamento de Justicia calificaron la sentencia como una “toma judicial” del poder ejecutivo. En la apelación de emergencia presentada ante el Tribunal del 9º Circuito, sostuvieron que la jueza —designada por el expresidente Joe Biden— “se extralimitó al reestructurar por sí sola las operaciones de aplicación de la ley migratoria federal”, interfiriendo con atribuciones exclusivas del Ejecutivo.
La administración también solicitó al tribunal una suspensión administrativa inmediata, que permitiría congelar temporalmente la orden mientras se resuelve una posible suspensión prolongada durante el proceso de apelación.
Por su parte, abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) del Sur de California, que interpusieron la demanda en defensa de los derechos de los inmigrantes, han instado a la corte a rechazar la solicitud de suspensión temporal y mantener vigente la protección frente a arrestos inconstitucionales.
El fallo afecta a los condados del Distrito Central de California, región que abarca Los Ángeles y sus alrededores, y podría sentar un precedente nacional en la forma en que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ejecutan sus redadas.
