La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha extendido su investigación por corrupción hasta Asturias, destapando un presunto cobro de comisiones ilegales de hasta 400 000 euros en una adjudicación pública en Avilés. La operación apunta a un entramado nacional que habría operado en toda España y también en obras en Marruecos, con epicentro en el entorno del PSOE y conexiones con sociedades de la SEPI.
Avilés, nuevo foco de una red que se expande
Según los investigadores, la trama habría intervenido en un contrato del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) para el desmantelamiento de las antiguas baterías de coque de Avilés, adjudicado por 2,8 millones de euros. La fecha clave —segundo semestre de 2021— coincide con el pico de adjudicaciones sospechosas bajo lupa judicial.
La UCO sitúa en esta operación a Leire Díez, Vicente Fernández Guerrero y Antxon Alonso, socio del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en Servinabar.
Más de la mitad de las mordidas, concentradas en una sola obra
De las cinco operaciones que la UCO analiza por ahora, la de Avilés explicaría más de la mitad de los 750 000 euros en comisiones detectadas entre 2021 y 2023 en el triángulo Díez–Alonso–Fernández Guerrero, siempre vinculadas a contratos y ayudas públicas del perímetro SEPI.
Rescates, subvenciones y contratos bajo sospecha
La investigación también abarca:
- El rescate de Tubos Reunidos por 112,8 millones de euros, del que habría derivado una mordida de 115 000 euros.
- 17,32 millones concedidos por Sociedad Estatal de Promoción y Desarrollo Empresarial a Arapellet, con una presunta comisión de 200 000 euros.
- Un contrato menor de Mercasa a Servinabar.
Todo ello refuerza la tesis de una operativa sistemática para amañar adjudicaciones y cobrar mordidas.
Ministerios señalados y delitos investigados
El Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, bajo la dirección del magistrado Antonio Piña, investiga prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.
Fuentes del caso sostienen que los investigados usaron influencias en Hacienda (etapa de María Jesús Montero) y en Transición Ecológica (cuando la dirigía Teresa Ribera) para asegurar adjudicaciones y subvenciones.
Una trama nacional con ramificaciones exteriores
Los investigadores cifran en 132 955 664 euros el volumen total de contratos presuntamente amañados. La red habría arrancado tras la pandemia de 2020 y operado durante años con cobertura política. Incluso se ha detectado un grupo de WhatsApp, “Hirurok” (“los tres juntos” en euskera), donde se negociaban porcentajes y comisiones.
Asturias, bajo el foco político
Que la trama emerja en Asturias, territorio con peso político socialista y donde hoy ejerce la Delegación del Gobierno Adriana Lastra, añade presión institucional a un caso que ya amenaza con sacudir al PSOE a nivel nacional.
Con cuentas bloqueadas, detenciones y nuevas piezas abriéndose, la pregunta es inevitable: ¿estamos ante un sistema organizado de corrupción sostenida desde el poder o solo ante la punta del iceberg?
