Talibanes: el nuevo código penal consagra el apartheid de género
Una ‘ley’ para blindar el terror: menos garantías, más impunidad
Afganistán entra en una nueva fase de represión: el Emirato Islámico ha publicado un Código de Procedimiento Penal para los Tribunales que, según la ONG afgana Rawadari y la propia ONU, convierte en norma lo que hasta ahora operaba a golpe de decreto y orden verbal. El texto, firmado por el líder supremo Habatullah Akhundzada y divulgado el 4 de enero de 2026, contiene 119 artículos y refuerza un sistema diseñado menos para perseguir el crimen que para administrar la sumisión y castigar la disidencia.
El documento llega tras casi cinco años de régimen talibán y en un país sin constitución, sin parlamento y sin judicatura independiente. Naciones Unidas lo ha condenado por institucionalizar la discriminación de género, normalizar castigos corporales, reforzar jerarquías religiosas, debilitar garantías procesales y ampliar la penalización de la disidencia, en un contexto en el que más de 21 millones de personas dependen de ayuda humanitaria.
Qué dice Rawadari: una arquitectura legal de desigualdad
Para Shaharzad Akbar, directora ejecutiva de Rawadari, el nuevo marco penal pretende consolidar una estructura de desigualdad, represión, exclusión y violencia construida desde la toma de Kabul el 15 de agosto de 2021. La organización advierte de que, al eliminar estándares de derechos humanos y reglas jurídicas básicas, el código abre la puerta a la violencia doméstica, la violencia contra los niños, la esclavitud, castigos por clase social, la opresión de minorías religiosas y el castigo contra críticos y disidentes.
Otro punto señalado es la protección tácita y las penas reducidas para élites talibanes y religiosos afines, lo que consolida la impunidad y una jerarquía social, religiosa y de género blindada por norma.
Mujeres: del borrado social a la penalización de la huida
La pieza más polémica del nuevo marco es su efecto sobre las mujeres. Tras años de decretos que ya les impedían estudiar, trabajar y moverse sin tutor varón, el código actúa como una lápida legal sobre ese sistema: formaliza la tutela masculina y convierte en infracción la propia búsqueda de refugio.
El artículo 34 establece que si una mujer acude repetidamente a casa de su padre u otros familiares sin permiso del marido y no regresa pese a la petición de este, tanto ella como quienes la acojan serán considerados delincuentes y condenados a tres meses de prisión. En la práctica, esta disposición puede castigar a mujeres que intenten escapar de malos tratos, dejándolas sin protección en un país sin recursos formales efectivos.
ONU Mujeres denuncia que el texto ‘elimina las últimas salvaguardias legales para mujeres y niñas’ y que, al incorporar la tutela y la obediencia, legaliza de facto el abuso. Su representante en Afganistán, Alison Davidian, lo define como una arquitectura legal para excluir, controlar y someter a la mitad de la población. El propio articulado considera determinadas formas de castigo corporal dentro del matrimonio como ‘asuntos del hogar’ salvo que se pruebe daño físico grave.
El código también penaliza la movilidad: salir sin mahram (guardián varón) o viajar a más de 72 kilómetros sin él puede implicar encarcelamiento.
Niños: límites parciales a la violencia escolar
En cuanto a los menores, el artículo 30 prohíbe algunas formas de violencia física por parte de profesores (fracturas óseas, desgarros cutáneos o hematomas), pero no prohíbe explícitamente otras formas de violencia física, psicológica o sexual, según las alertas recogidas por organizaciones de derechos humanos.
El dilema internacional: ayuda humanitaria sin blanquear al régimen
La consolidación legal llega en plena crisis. La ONU estima que 21,9 millones de afganos necesitarán asistencia humanitaria en 2026 y que más de 17 millones afrontan inseguridad alimentaria aguda. La congelación de activos, la reducción de ayuda al desarrollo y el escaso reconocimiento diplomático han debilitado la economía; la exclusión laboral femenina, además, profundiza el estancamiento.
El debate para Occidente es incómodo y conviene decirlo sin eufemismos: o se sostiene la ayuda para evitar una catástrofe humanitaria o se corre el riesgo de normalizar un régimen que convierte la segregación de las mujeres en ley. Organismos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional lo han condenado. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha pedido derogar el decreto y adaptar las normas a las obligaciones internacionales.
Análisis crítico: cuando el ‘relativismo cultural’ se convierte en coartada
Este código vuelve a demostrar que los talibanes no eran ‘2.0’. Quien vendió esa idea, dentro o fuera, contribuyó a un espejismo que hoy se paga con derechos básicos pulverizados. Y también deja otra pregunta incómoda para Europa: ¿cuánto tiempo se puede denunciar el apartheid de género en comunicados mientras se acepta, por pragmatismo, convivir con él para ganar ‘estabilidad regional’?
Si el mundo permite que un Estado codifique la persecución de la mitad de su población y aun así sea tratado como interlocutor por interés geoestratégico, el precedente es devastador. No se trata de propaganda: se trata de si los derechos de las mujeres quedan, de facto, en la lista de ‘negociables’ cuando chocan con prioridades de seguridad, narcotráfico o control migratorio. Afganistán no solo es una tragedia local: es una advertencia global.
