El partido Sumar, liderado por Yolanda Díaz, ha presentado una pregunta parlamentaria al Gobierno en la que plantea una serie de medidas que, según la oposición, podrían agravar el problema de la ocupación ilegal en España. Entre las propuestas se encuentran la ilegalización de empresas dedicadas al desalojo de okupas, la prohibición de los desahucios extrajudiciales y la expropiación de viviendas amenazadas con desahucio para ofrecerlas en alquiler social a bajo costo.
La iniciativa, firmada por los diputados Félix Alonso, Engracia Rivera, Juan Antonio Valero, Nahuel González, Francisco Sierra y Enrique Santiago (secretario general del Partido Comunista), solicita al Ejecutivo de Pedro Sánchez “iniciar los procedimientos legales necesarios para ilegalizar grupos violentos como Desokupa o APD Security Iberia”.
Sumar apunta a las empresas antiokupas
En la primera de sus preguntas, Sumar califica a estas compañías de “grupos violentos”, pese a que su labor consiste en recuperar viviendas ocupadas bajo procedimientos legales. La formación de Yolanda Díaz reclama al Gobierno que estudie su prohibición, priorizando —según los críticos— la protección de los okupas por encima de los derechos de los propietarios.
En una segunda cuestión, el grupo exige al Ejecutivo que adopte medidas “para prohibir los desahucios extrajudiciales” o, en su defecto, regular a las empresas que intervienen en este tipo de procesos. Desde Sumar se considera que estas compañías “se lucran tomando parte en actividades de desalojo”, a pesar de que actúan conforme a la ley y con autorización judicial.
Críticas a las Fuerzas de Seguridad
La tercera pregunta parlamentaria apunta directamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, acusándolas de mantener una actitud “permisiva o colaboradora” con las empresas dedicadas al desalojo de okupas. Según Sumar, la policía habría actuado en ocasiones “de forma coordinada” con estos grupos, algo que sectores policiales y judiciales han rechazado categóricamente.
Este tipo de planteamientos no sorprenden dentro del espectro político, donde Sumar y Podemos han mostrado históricamente un discurso crítico hacia la actuación policial en casos de desalojo.
Propuesta para expropiar viviendas y frenar desahucios
La cuarta pregunta presentada por Sumar al Gobierno propone una medida sin precedentes:
“¿Cuándo y qué medidas va a aprobar el Gobierno para erradicar los desahucios? ¿Contemplará incorporar la vivienda amenazada con desahucio al parque público, garantizando un alquiler que no supere el 30% de los ingresos del hogar o, en casos de vulnerabilidad, una renta mínima o moratoria?”
En la práctica, esto supondría expropiar viviendas privadas que estén en riesgo de desahucio para destinarlas a alquiler social o gratuito, un planteamiento que ha generado una fuerte polémica.
Críticos de la medida aseguran que, de aplicarse, se vulneraría el derecho a la propiedad privada y se fomentaría la impunidad en los casos de ocupación ilegal. Además, alertan de que este tipo de políticas “no solucionan el problema de la vivienda, sino que disuaden la inversión y perjudican al mercado de alquiler”.
Contexto y reacciones
Las preguntas de Sumar llegan en un momento de fuerte tensión política por la crisis habitacional. Mientras el Gobierno mantiene congelada la ley de vivienda, los casos de okupación han aumentado un 17% en el último año, según datos del Ministerio del Interior.
Fuentes del PSOE aseguran que “no hay intención de avanzar en medidas que pongan en riesgo la seguridad jurídica de los propietarios”, aunque sectores del ala izquierda de la coalición presionan para “reforzar la protección de las familias vulnerables frente a los desahucios”.
