El Gobierno aplaza de nuevo el aumento del salario mínimo y sigue sin aclarar si permitirá a las pequeñas empresas repercutir el coste en los contratos públicos.
Subida sin calendario, costes sin compensación y un silencio total del Ministerio de Hacienda
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha vuelto a posponer la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2026, en una decisión que suma más incertidumbre para los autónomos y pymes que dependen de los contratos públicos. La cita con la patronal, prevista para este viernes, ha sido cancelada sin nueva fecha, y el Gobierno no aclara si aplicará algún tipo de compensación para los contratos ya firmados.
La propuesta inicial del Ministerio incluye una subida del 3,1 %, lo que supondría unos 700 euros más de costes anuales por trabajador para miles de pequeñas empresas. Un aumento que se impondría sin garantías de que pueda trasladarse a los precios pactados en licitaciones públicas, lo que asfixiaría a los negocios más vulnerables.
La CEOE exige indexar los contratos públicos: la pelota está en Hacienda
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha sido clara: no respaldará ninguna subida del SMI si el Gobierno no garantiza que se indexarán los contratos públicos firmados por autónomos y pymes.
Actualmente, la Ley de Desindexación impide que los precios en contratos con la Administración se ajusten al alza si aumentan los costes laborales, lo que obliga a muchas empresas a absorber la subida del SMI sin aumentar ingresos.
“Estamos ante una imposición política que puede arruinar a miles de pequeños negocios si no se corrige ya”, señalan fuentes del sector.
Hasta 1 050 euros más al año por trabajador si el SMI tributa en IRPF
Si el salario mínimo sube un 3,1 %, pasaría de 1 183 a 1 220 euros mensuales en 14 pagas. Pero si finalmente el SMI pasara a tributar en IRPF, la subida podría alcanzar el 4,7 %, elevando el salario a 1 239 euros mensuales, y disparando el coste total para el empleador hasta más de 24 000 euros anuales por trabajador.
Estos márgenes, insostenibles para muchas micropymes, podrían provocar despidos o abandono de contratos públicos por inviabilidad económica.
Prohibir los pluses: otro golpe a la flexibilidad empresarial
La segunda exigencia de la CEOE es que se permita seguir utilizando los pluses salariales ya existentes para alcanzar el nuevo SMI, algo que el Ministerio de Trabajo quiere prohibir, a pesar de que lo permite el Estatuto de los Trabajadores y lo ha avalado el Tribunal Supremo.
Eliminar esta posibilidad supondría un coste adicional directo en miles de nóminas, y un nuevo ataque a la capacidad de adaptación de autónomos y pequeñas empresas, que verían aumentar artificialmente su carga laboral sin margen de maniobra.
Yolanda Díaz: promesas populistas, impacto real para los que crean empleo
La ministra de Trabajo insiste en que la subida se aplicará “con o sin patronal”, como si la creación de empleo no dependiera del sector privado. Mientras tanto, Hacienda sigue sin pronunciarse sobre si flexibilizará los criterios para revisar al alza los contratos con el sector público.
El mensaje del Gobierno es claro: suben los costes, pero no las compensaciones.
