Los autónomos vuelven a ser el blanco de la burocracia estatal: la Tesorería General de la Seguridad Social ha comenzado a enviar notificaciones masivas exigiendo actualización de datos y códigos CNAE. ¿Control fiscal o persecución silenciosa al tejido productivo?
La Seguridad Social ha lanzado nuevas campañas de requerimientos contra autónomos societarios y quienes no actualizaron sus códigos CNAE tras el cambio normativo de junio. La presión fiscal y burocrática se intensifica pese a la falta de sanciones claras… de momento.
¿Qué exige ahora la Seguridad Social?
A través del Sistema RED, la Tesorería General de la Seguridad Social está remitiendo notificaciones obligatorias a autónomos societarios y sus apoderados para:
- Actualizar información societaria: condición de socio, tipo de socio, participación en la empresa y control efectivo.
- Comunicar los nuevos códigos CNAE 2025 si aún no lo han hecho.
El plazo límite para informar el nuevo CNAE expiró el 30 de junio de 2025, pero la Administración aún detecta un número importante de autónomos que no han cumplido, lo que ha activado una segunda oleada de comunicaciones.
CNAE 2025: un cambio que muchos aún no han aplicado
El nuevo sistema de Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2025) sustituyó al CNAE 2009. Aunque en muchos casos la conversión fue automática, otros códigos requieren una notificación expresa por parte del autónomo, sobre todo cuando desarrollan varias actividades económicas.
¿Dónde y cómo se debe actualizar?
- A través del portal Importass (web o app).
- En la sección “Comunicar código de actividad CNAE 25” del Área Personal.
- También mediante apoderados autorizados en el sistema RED.
Autónomos societarios: bajo lupa fiscal
A quienes figuran como socios de empresas, se les exige detallar:
- Si son socios trabajadores o capitalistas.
- El porcentaje de participación.
- Si poseen control efectivo (más del 50% del capital junto a familiares convivientes).
Estos datos permitirán a la Seguridad Social ajustar los tramos de cotización y verificar si realmente corresponde el derecho a baja laboral, cese de actividad o incluso jubilación.
El objetivo declarado es “garantizar la adecuación de las bases de cotización”, pero en la práctica, esto supone una presión añadida sobre el autónomo, obligado a justificar su estatus y a corregir errores que la propia Administración no detectó antes.
¿Multas? De momento, no… pero sí advertencias
Por ahora, no se han notificado sanciones económicas, pero los requerimientos incluyen la advertencia de consecuencias legales si no se responde en plazo.
“Es una revisión masiva, están limpiando sus bases de datos”, aseguran desde el Colegio de Graduados Sociales de Madrid.
“No es casual: quieren saber exactamente quién cotiza, cómo y por qué”, explican.
¿Qué se esconde detrás de esta ofensiva?
Con el modelo de cotización por ingresos reales ya en marcha, la Seguridad Social quiere cerrar el cerco sobre los autónomos, para evitar lo que denominan “fraudes de cotización”. Sin embargo, desde el sector denuncian que el sistema se ha convertido en una trampa legal para trabajadores independientes y emprendedores.
Mientras el Gobierno promete ayudas al emprendimiento, la realidad para los autónomos es cada vez más opresiva: tramos más altos, más controles, más notificaciones y menos margen para trabajar.
Conclusión: un nuevo capítulo del infierno fiscal
La Seguridad Social sigue afinando el sistema de control sobre los autónomos, a golpe de notificaciones electrónicas y actualizaciones normativas difíciles de seguir.
El que no cumple, queda en el punto de mira.
Y aunque no haya sanción inmediata, todo apunta a que el próximo paso será el castigo económico.
¿Ayuda al autónomo o asedio institucional encubierto?
