El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha planteado una reforma en el sistema de aplazamientos de deudas con la Tesorería, con el objetivo de que los autónomos puedan fraccionar cantidades inferiores al límite actual.
Actualmente, la Tesorería deniega los aplazamientos de importes menores al doble del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) —es decir, 2 368 euros—, una restricción que el Gobierno considera obsoleta tras las sucesivas subidas del salario mínimo.
Una medida para aliviar la presión de los autónomos
Según fuentes del diálogo social, la propuesta busca flexibilizar los aplazamientos de deudas pequeñas, muchas veces derivadas de regularizaciones o retrasos puntuales en los pagos de cuotas.
“Hay veces que son deudas pequeñas, así que la idea es que se puedan solicitar aplazamientos, aún cuando la cuantía baje de esa cantidad”, explican fuentes cercanas a la negociación.
Esta iniciativa forma parte del proceso de revisión de la regularización de cuotas del nuevo sistema de cotización por ingresos reales, vigente desde 2023. El objetivo del ministerio es ajustar las normas a la realidad económica actual, especialmente tras el fuerte incremento del SMI en los últimos años.
El límite actual: una barrera que dejó de tener sentido
La normativa vigente, recogida en el artículo 35.6 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, establece que no se concederán aplazamientos si la deuda no supera el doble del SMI mensual.
Sin embargo, las sucesivas subidas del salario mínimo han provocado que muchos autónomos queden fuera de esa posibilidad, aun teniendo deudas de escasa cuantía.
“Esta previsión normativa ha dejado de responder a la premisa por la que se incluyó en la norma, para convertirse en una condición gravosa para los deudores”, señala el documento oficial.
Además, la Seguridad Social estudia incluir una medida complementaria: no exigir el pago de deudas inferiores a seis euros, simplificando la carga administrativa tanto para los autónomos como para la propia Tesorería.
Una reforma con impacto social y económico
Si la propuesta prospera, permitirá que miles de autónomos puedan negociar aplazamientos más accesibles con la Administración, especialmente en casos de pequeñas deudas derivadas de ajustes de cotización o imprevistos temporales.
La medida sería extensible a cualquier deudor, pero beneficiaría directamente al colectivo autónomo, uno de los más afectados por los incrementos de costes y por la complejidad del nuevo sistema de cotización.
La propuesta aún debe ser debatida en la mesa del diálogo social con las principales asociaciones de autónomos (ATA, UPTA y UATAE), pero desde el Ministerio se insiste en que la prioridad es “dar oxígeno a los pequeños trabajadores por cuenta propia” y “adaptar la norma a un contexto de inflación y subida de costes estructurales”.
