Sanidad pública: el Gobierno limita la gestión privada

Moncloa mueve ficha contra la colaboración público-privada

El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes un anteproyecto de ley con el que el Gobierno asegura querer frenar la privatización de la gestión en los hospitales públicos y, además, reforzar el control del gasto en centros públicos gestionados por compañías privadas.

La norma se denomina Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud y plantea limitar la colaboración público-privada con el argumento de ‘poner coto al ánimo de lucro’. Según el texto anunciado, la futura ley también derogará la ley de 1997 aprobada por el Gobierno de José María Aznar, que abrió la puerta a modelos como el de Alzira de Ribera Salud o el de Quirón en Madrid.

El debate de fondo: menos competencia, más control político

El Ejecutivo presenta la medida como una defensa de lo público, pero el movimiento reabre una cuestión incómoda: si el problema es el gasto y la calidad, ¿por qué convertirlo en una batalla ideológica contra la gestión privada en lugar de exigir resultados medibles, auditorías y transparencia en cualquier modelo?

La clave del anteproyecto no es solo limitar concesiones: es el mensaje político. Al poner en el punto de mira el ‘ánimo de lucro’, el Gobierno impulsa un marco que puede traducirse en menos margen de gestión, más burocracia y una mayor dependencia del control central sobre cómo se administran hospitales y recursos.

Con la derogación de la ley de 1997, el Gobierno busca deshacer el marco que permitió experiencias como Ribera Salud o Quirón. La discusión que se abre ahora no es menor: si limitar la colaboración público-privada mejora el sistema o si, por el contrario, reduce herramientas para gestionar listas de espera y eficiencia, especialmente en comunidades donde estos modelos han tenido peso.