Sánchez renuncia a 63.000 millones, quedan 30.000 millones por repartir y el sector empresarial ha comenzado a devolver masivamente fondos
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llevado el manejo de los Fondos Europeos de Recuperación a un punto crítico: tras renunciar a 63.000 millones de euros en préstamos, apenas ha ejecutado una fracción de lo disponible, dejando en evidencia una incapacidad manifiesta para gestionar uno de los mayores paquetes de inversión pública en la historia reciente de España.
Según economistas críticos con la gestión, como Santiago Sánchez López, esta séptima adenda al Plan de Recuperación —utilizada como herramienta para salir del paso sin unos Presupuestos Generales del Estado aprobados— revela un plan que ha degenerado en un fracaso administrativo y político.
Ejecución raquítica: sólo 12,4% en diez meses
Los últimos datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) muestran una ejecución disparatada: de 34.500 millones de euros disponibles para 2025, solo se han pagado 4.300 millones, es decir, apenas el 12,4% de lo presupuestado. Este dato sitúa a 2025 como el peor año de todo el Plan de Recuperación, tanto en términos absolutos como relativos.
El desglose por carteras ministeriales es aún más alarmante:
- Educación: menos del 1% del presupuesto ejecutado.
- Transición Ecológica: apenas supera el 2,7%.
- Vivienda: alrededor del 10%.
Mientras tanto, el gasto se concentra en el aparato administrativo y no en inversiones estructurales que impulsen un cambio de modelo productivo, tal como estaba previsto en el diseño original del Plan.
El Gobierno culpa a los tipos de interés… y a Europa
El Ejecutivo ha justificado la renuncia a los créditos europeos por una supuesta pérdida de atractivo de los tipos de interés, aunque expertos señalan que esta explicación es solo «una media verdad». El verdadero problema, según análisis críticos, radica en la incapacidad del Gobierno para cumplir los hitos pactados con Bruselas y evitar el control directo de la Comisión Europea.
La falta de avance administrativo y la continua revisión de hitos —más de 50 solo en la adenda de 2023— muestran que el plan diseñado en Moncloa no se adapta a las necesidades reales de las empresas españolas ni a los tiempos de ejecución exigidos por la propia Europa.
Productividad e inversión real por debajo de 2019
A pesar del discurso oficial, la inversión privada en términos reales sigue un 5,1% por debajo de los niveles de 2019, y la productividad por ocupado es inferior a la de 2018. Estos datos ponen de manifiesto que el despliegue de fondos no está teniendo el impacto transformador prometido, y que la economía española no capitaliza los recursos disponibles para modernizarse realmente.
La factura llegará en 2028
Lo más preocupante es la herencia financiera que deja este enfoque. Los fondos europeos deben devolverse. Entre 2028 y 2058, España tendrá que aportar al presupuesto europeo una cuantía equivalente a los recursos recibidos como subvenciones, lo que implica que:
- El Estado deberá pagar íntegramente la deuda generada.
- El coste se trasladará a los contribuyentes a través de impuestos.
- La economía española afrontará una carga fiscal significativa sin haber obtenido las mejoras estructurales previstas.
Paradójicamente, mientras el Gobierno ha utilizado estos fondos como una “hucha” para sobrevivir sin presupuestos, los ciudadanos terminarán pagando una factura millonaria por un proyecto mal ejecutado.
Devoluciones masivas y 30.000 millones pendientes
Los problemas se agravan: aún quedan 30.000 millones de euros por repartir, y el sector empresarial ha empezado a devolver fondos masivamente debido a las dificultades para ejecutar inversiones en los plazos establecidos. El sistema exige a las empresas que tripliquen en inversión pública lo que reciben, un requisito que muchas no pueden cumplir ante:
- La falta de liquidez.
- Los constantes retrasos en los pagos del Estado.
- La imposibilidad de avanzar proyectos vinculados a fondos ya asignados.
En varios despachos del Ministerio de Economía ya se menciona que “miles de millones” de euros podrían regresar a las arcas públicas en 2026, dinero que se considera prácticamente perdido por la premura de los plazos y la incapacidad para lanzar nuevas convocatorias.
Conclusión: un gran fracaso de gestión
Lo que inicialmente se presentó como uno de los mayores esfuerzos inversores y reformistas de la historia de España se ha transformado en un desastre administrativo y de ejecución. La renuncia a miles de millones, la baja eficiencia en la asignación del gasto, la devolución masiva de fondos y la incapacidad para cumplir objetivos convierten el Plan de Recuperación en un ejemplo de gestión insuficiente y descoordinada.
En lugar de servir como palanca de cambio económico, los Fondos Europeos han funcionado como un colchón temporal para evitar la aprobación de nuevos Presupuestos, a costa de hipotecar el futuro económico de muchas empresas y ciudadanos, y de dejar a España con infraestructuras peores, servicios deteriorados y una pesada carga fiscal por venir.
