Sánchez se encierra en La Mareta: vacaciones blindadas con 20 escoltas, 40 guardias civiles y patrullera
Mientras su familia descansa casi al completo, el presidente Sánchez refuerza su seguridad en Lanzarote con un dispositivo de proporciones inéditas, generando críticas por excentricidad y despilfarro institucional.
Un despliegue excesivo para unas “vacaciones oficiales”
El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha optado por medidas extraordinarias de seguridad durante su estancia en la Residencia Real de La Mareta (Lanzarote). El despliegue incluye 20 escoltas personales, 40 agentes de la Guardia Civil (entre unidades de Presidencia y del Grupo de Reserva y Seguridad), y una patrullera marina que vigila desde el mar para impedir grabaciones o acercamientos a la zona.
Vehículos y alojamientos: elitismo en clave veraniega
El presidente cuenta con cuatro coches oficiales para sus escasas salidas, además de aeronaves como el Falcon y el Super Puma, usados incluso durante los recientes incendios. Mientras tanto, los agentes del GRS encargados de la vigilancia exterior han tenido que dormir en habitaciones compartidas y sin aire acondicionado, mientras que el personal de Presidencia se aloja en hoteles de categoría superior. El dispositivo se renueva por turnos, importando efectivos de otras regiones, con el consecuente coste adicional.
Toda la familia Sánchez instalada en La Mareta
Sánchez está rodeado de su mujer, hijas, padres, cuñado y sobrinos, todos alojados en la residencia real que fue cedida por el Rey Felipe VI al Estado para fines turísticos e institucionales. La Mareta cuenta con 9 bungalows, dos piscinas, zonas ajardinadas, pistas deportivas y un helipuerto. Junto a ellos, también han pasado por el complejo Fernando Grande-Marlaska, Salvador Illa y el presentador Jesús Calleja.
Un verano marcado por controversias
Este verano ha sido especialmente tenso para Sánchez, quien ha reducido sus apariciones al mínimo. Su esposa, Begoña Gómez, ha sido recientemente imputada por malversación, sumándose a otras causas por corrupción, tráfico de influencias, intrusismo y apropiación indebida. Está citada a declarar el 11 de septiembre. Además, el hermano del presidente, David Sánchez, también está procesado por tráfico de influencias y prevaricación en la Diputación de Badajoz.
Con La Mareta convertida en una especie de bunker vacacional, el presidente pretende blindarse no solo del calor mediático, sino también de las consecuencias políticas que afectan a su entorno más cercano.
¿Es este el retiro de un líder acosado por la justicia o el privilegio de quien vive ajeno a la realidad del ciudadano común?
