Nueva norma del Gobierno garantiza acceso sanitario inmediato a ilegales
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha aprobado un real decreto que concede protección médica «prioritaria» a extranjeros en situación irregular únicamente con presentar una solicitud de protección internacional o temporal.
La medida, impulsada por la ministra de Sanidad Mónica García, asegura que los solicitantes de asilo tendrán acceso inmediato y efectivo a la asistencia sanitaria pública, incluso aunque no cumplan los requisitos legales para residir en España.
Fuentes ministeriales confirman que bastará con una “declaración responsable” para que estas personas puedan recibir asistencia médica con cargo a fondos públicos, sin necesidad de que su situación administrativa sea regular.
Colectivos prioritarios y extensión del derecho
El decreto define como “colectivos prioritarios” a:
- Solicitantes de protección internacional o temporal,
- Menores de edad,
- Mujeres embarazadas,
- Víctimas de violencia de género, sexual o de trata,
- Personas en situación de vulnerabilidad social o económica.
Para acreditar la vulnerabilidad, será suficiente un informe emitido por los servicios sociales de las comunidades autónomas, lo que amplía significativamente el acceso a cualquier extranjero irregular que cumpla estos criterios, incluso de forma preventiva.
Forzando a las comunidades autónomas a la sanidad universal
El decreto no solo amplía derechos, sino que impone a todas las comunidades autónomas la aplicación de la sanidad universal, medida que el Gobierno socialista intentó sin éxito en 2018.
Algunas regiones se habían opuesto en aquel entonces, denunciando que abría la puerta al “turismo sanitario”, pero ahora el Ejecutivo asegura que el nuevo texto garantizará un procedimiento homogéneo en todo el país, sin posibilidad de evasión por parte de autonomías críticas.
Controversia y críticas
La norma ha generado alarma entre sectores conservadores y expertos en política sanitaria, quienes advierten que:
- La medida incrementará la presión sobre el sistema sanitario público,
- No distingue entre quienes cumplen los criterios legales para residencia y quienes no,
- Puede abrir la puerta a un incentivo para la inmigración irregular, al garantizar atención médica inmediata sin trámites administrativos complejos.
Por su parte, el Ministerio de Sanidad sostiene que la norma busca proporcionar seguridad jurídica y protección a los más vulnerables, insistiendo en que la sanidad universal es un derecho básico que debe garantizarse a todos los residentes y solicitantes.
Implicaciones prácticas
A partir de ahora:
- Un extranjero en situación irregular solo necesitará presentar la solicitud de asilo para acceder a consultas, pruebas, tratamientos y asistencia hospitalaria.
- Los servicios sociales de cada comunidad emitirán informes de vulnerabilidad que servirán de respaldo para obtener asistencia prioritaria.
- Las comunidades autónomas no podrán negarse a aplicar estas medidas, lo que centraliza el control sanitario bajo criterios definidos por el Gobierno.
El decreto marca un cambio radical en la política sanitaria española, reforzando el principio de sanidad universal y el acceso a la asistencia pública para quienes se encuentran en situación administrativa irregular.
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