Sánchez vuelve a la regulación franquista sobre alquileres
El control del Gobierno sobre los arrendamientos se agudiza
El Gobierno de coalición ha puesto en marcha un plan para frenar los contratos de alquiler que se desvíen de los de larga duración, incidiendo especialmente en los alquileres turísticos y de temporada. En un acto en Campamento, Madrid, el presidente Pedro Sánchez anunció su intención de establecer «condiciones estrictas» y un régimen sancionador para quienes violen esta regulación.
Un paso atrás hacia el pasado
El plan anunciado por Sánchez pretende imponer un tope en el precio total de los arrendamientos por habitaciones, asegurando que no exceda el alquiler de la vivienda completa. Esto recuerda a las restrictivas prácticas de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, instaurada durante la dictadura de Franco, que priorizaba los derechos de los inquilinos sobre la libertad económica de los propietarios.
Más regulación, más economía sumergida
Desde el Foro de Economistas Inmobiliarios, Julián Salcedo advierte que cualquier modificación de la ley podría llevar a una mayor economía sumergida en el sector inmobiliario. A medida que se impongan restricciones adicionales, el riesgo es claro: los arrendadores se verán obligados a buscar alternativas cada vez más oscuras para sobrevivir en un mercado cada vez más asfixiante.
La necesidad de flexibilidad
A pesar de los intentos de control del Gobierno, hay una creciente demanda entre los jóvenes por alquilar compartiendo espacios, una práctica que debe ser regularizada con sensatez y no con un aumento del control estatal. Sánchez ignora que el alquiler por habitaciones continúa siendo una solución viable y necesaria en nuestra sociedad, especialmente para las generaciones más jóvenes que buscan alternativas asequibles.
