Los jueces temen un golpe letal a la separación de poderes si el presidente del Gobierno utiliza su mayoría parlamentaria para blindarse ante una posible imputación penal.
Pedro Sánchez, cada vez más cerca del banquillo
La sombra de una imputación a Pedro Sánchez ya no es un tabú entre jueces. Desde el caso Begoña Gómez hasta los contratos de mascarillas, el rescate de Air Europa, el enchufe de su hermano, la entrada de Delcy o la cátedra sin titulación de su esposa, la acumulación de escándalos comienza a converger en una sola figura: la del presidente del Gobierno.
Aunque aún no existe una prueba directa suficiente para la imputación, fuentes judiciales aseguran que la posibilidad es real y ya se estudia cómo actuar. Pero lo más alarmante es el temor a un uso político del Congreso para frenar cualquier intento de procesar a Sánchez.
Choque institucional en el horizonte: el Congreso como escudo del Ejecutivo
La Justicia teme que Sánchez bloquee el suplicatorio necesario para que un aforado sea investigado, aprovechando su mayoría parlamentaria. “No hay garantías de que el Congreso no actúe como blindaje personal del presidente”, explica una fuente judicial.
La Constitución no prevé una salida clara ante esta situación. Si Sánchez y su mayoría parlamentaria frenan un posible suplicatorio, España se encontraría ante una crisis institucional sin precedentes, donde el Ejecutivo neutraliza al Judicial a través del Legislativo.
¿Hacia una dictadura institucionalizada?
Para muchos juristas, el riesgo es claro: el fin de la separación de poderes. “Sería el golpe definitivo a la democracia”, advierte una fuente cercana a la Audiencia Nacional. El Congreso y el Gobierno son, en España, prácticamente la misma cosa, y eso deja al Poder Judicial sin mecanismos reales para investigar a la cúpula del poder.
La situación ya se percibe en casos clave como el de Begoña Gómez, donde el juez Peinado ha sido limitado por instancias superiores. En el caso de Air Europa, el instructor del Supremo se ha topado con indicios que podrían implicar directamente a Sánchez, al exceder las competencias de Ábalos.
La imagen de España en juego
Una democracia donde el presidente puede bloquear su propia imputación es una democracia en caída libre. La politización judicial en España ya ha sido denunciada por organismos internacionales, y un escándalo de esta magnitud tendría un impacto devastador en la credibilidad institucional del país.
¿Estamos ante un nuevo caso de impunidad institucional o ante el principio del fin del Estado de derecho en España?
