El Gobierno pidió a grandes lobbies empresariales que intercedieran ante el PP para evitar el colapso del Real Decreto antiapagones. El rechazo en el Congreso pone en riesgo 180 000 millones de euros en inversión industrial y 3 000 millones en renovables, según estimaciones del propio sector.
El Ejecutivo de Sánchez recurrió a la gran empresa para intentar doblegar al PP y salvar un decreto clave para su política energética, que finalmente fue tumbado por el Congreso. El coste económico de la maniobra fallida ya se deja sentir.
El pasado 22 de julio, el Congreso de los Diputados rechazó el Real Decreto-ley 7/2025, una norma presentada por el Gobierno como esencial para garantizar la seguridad energética del país y atraer inversión extranjera. Sin embargo, lo que ha salido a la luz tras la votación evidencia una estrategia cuanto menos polémica: el Ejecutivo de Pedro Sánchez pidió a las principales eléctricas, asociaciones industriales y lobbies energéticos que presionaran al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para que apoyara el texto legal.
El intento de coacción política, disfrazado de “diálogo con el sector”, tenía un objetivo claro: evitar el varapalo parlamentario a un decreto que el propio PSOE sabía en riesgo. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, fue la encargada de movilizar a estos grupos. Y, aunque estos respondieron positivamente —porque algunos artículos del decreto beneficiaban sus intereses—, Feijóo rechazó someterse a las presiones, alineándose con Vox, Podemos y Junts para tumbar la norma con 183 votos en contra frente a 165 a favor.
Riesgo económico y chantaje político
Diversas asociaciones empresariales, entre ellas la Asociación Empresarial Eólica (AEE), AEGE, aelc, APPA Renovables y UNEF, firmaron una carta conjunta dirigida al PP y al resto de grupos advirtiendo de las “consecuencias graves” que tendría no convalidar el decreto. Según un informe de PwC, en 2024 solo se aceptó una de cada diez solicitudes de conexión industrial por saturación de la red eléctrica, lo que supone un bloqueo estructural a nuevas inversiones.
De no actuar, podrían perderse proyectos industriales que requieren hasta 18 GW de potencia, lo que se traduce en unos 180 000 millones de euros de inversión según estimaciones sectoriales. Además, unos 3 000 millones en inversión eólica y fotovoltaica estarían en riesgo inminente por la expiración de permisos.
Precios más altos y menos competitividad
El decreto contemplaba la prórroga de la reducción del 80 % de los peajes eléctricos para consumidores electrointensivos, como siderúrgicas o grandes industrias. Su anulación puede encarecer hasta en un 10 % los costes energéticos para estos sectores, debilitando su competitividad frente a otros países de la UE.
Desde el PP, el portavoz Guillermo Mariscal criticó el enfoque del Gobierno, asegurando que Aagesen no puede prometer una bajada de precios generalizada con un decreto que favorece solo a los grandes jugadores del sector.
Un sistema más inseguro y sin soluciones reales
El decreto también incluía medidas para evitar apagones como el del pasado 28 de abril, reforzando la supervisión del regulador (CNMC), incentivando el almacenamiento energético y desatascando los cuellos de botella en la red. Pero los críticos señalan que la norma no resolvía el fondo del problema: años de inacción del Gobierno ante la saturación y falta de inversiones reales en infraestructuras.
El fracaso de un modelo y el choque de dos visiones
Este episodio expone algo más que una derrota legislativa: es el reflejo del agotamiento del modelo energético del sanchismo, basado en propaganda verde, presiones encubiertas y parches legislativos. La negativa del PP a dejarse arrastrar por los dictados de las élites energéticas y de Moncloa marca un giro: la oposición no se prestará a avalar maniobras políticas que comprometen el futuro energético de España sin garantías ni consenso.
