La UCO revela cómo la red de fraude aspiraba a controlar dos operadoras mayoristas gracias a licencias y contactos en varios ministerios
Una ambición que iba más allá del fraude puntual
La Unidad Central Operativa (UCO) tiene claro que las facilidades administrativas y políticas concedidas a la conocida como trama de los hidrocarburos dispararon las ambiciones de sus responsables hasta un punto inédito: no conformarse con una sola empresa mayorista de combustibles, sino duplicar su estructura y controlar dos grandes operadores del sector.
Así lo recogen varios informes policiales incorporados a la causa, en los que se detalla cómo los cabecillas de la trama diseñaron una estrategia para dominar parte del mercado energético español aprovechando licencias administrativas, contactos políticos y una presunta red de influencias en varios ministerios del Gobierno.
El objetivo: controlar una o dos operadoras mayoristas
Según la UCO, la investigación ha permitido reconstruir la secuencia de hechos protagonizados por Claudio Rivas desde finales de 2020, cuando, pese a estar ya bajo el radar judicial, comenzó a diseñar una estructura empresarial con un objetivo muy concreto: controlar una o incluso dos operadoras mayoristas de hidrocarburos.
El propósito final era “dominar parte del sector y continuar con la operativa defraudatoria que le generaba millones de euros en ingresos”, una aspiración especialmente relevante en un mercado altamente regulado y con fuertes barreras de entrada.
Tres ministerios bajo sospecha
La trama no partía de una posición de liderazgo en el sector, pero sí contaba, según los investigadores, con contactos clave en al menos tres ministerios del Gobierno presidido por Pedro Sánchez:
- El Ministerio de Transportes, entonces dirigido por José Luis Ábalos
- El Ministerio para la Transición Ecológica, bajo la responsabilidad de Teresa Ribera
- El Ministerio de Industria, en aquel momento encabezado por Reyes Maroto
La UCO considera que el trato recibido fue tan privilegiado que los implicados llegaron a convencerse de que contaban con un respaldo institucional suficiente como para expandir su negocio de forma masiva.
Villafuel, la pieza clave
La primera gran licencia obtenida fue la de la sociedad Villafuel, autorizada pese a que, según la investigación, la empresa no acreditaba la capacidad financiera mínima exigida por la normativa, que obliga a disponer de al menos tres millones de euros en recursos propios afectos a la actividad.
Para la UCO, la obtención de esta licencia fue el punto de inflexión que llevó a los responsables de la trama a plantearse la creación de una segunda operadora mayorista, replicando el modelo de Villafuel para ampliar el fraude.
Un fraude millonario que escapó a Hacienda
El caso de los hidrocarburos ha destapado un fraude fiscal superior a los 182 millones de euros, generado entre 2021 y 2024, que no fue detectado por los mecanismos ordinarios de control de la Agencia Tributaria.
Según la investigación, la trama operaba con petróleo de origen venezolano, declarando que no se comercializaría en España para eludir impuestos especiales y el IVA, cuando en realidad acababa siendo vendido en el mercado interior.
Sobornos, favores y contraprestaciones
Los informes policiales apuntan a que la organización habría destinado cerca de un millón de euros en sobornos o favores para facilitar licencias y decisiones administrativas favorables. Entre las contraprestaciones investigadas figura incluso la entrega de un chalet al exministro José Luis Ábalos.
Las conversaciones interceptadas y la documentación incautada refuerzan la tesis de una relación fluida entre empresarios de la trama y cargos públicos o asesores políticos.
Una causa aún abierta
La causa principal se tramita en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, donde la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado ampliar la investigación hasta 2026 ante la posibilidad de nuevas imputaciones.
Además, el caso mantiene conexiones directas con otros procedimientos judiciales, como el denominado caso Koldo, en el que vuelven a aparecer los mismos intermediarios, empresarios y contactos políticos.
Duplicar el negocio gracias al poder
Para los investigadores, el hecho de que la trama llegara a plantearse tener “otra Villafuel” demuestra hasta qué punto sus responsables se sentían protegidos. No se trataba solo de defraudar impuestos, sino de crear una estructura empresarial estable, con apariencia legal, capaz de dominar parte del sector energético español bajo el amparo de licencias obtenidas de forma presuntamente irregular.
La investigación sigue abierta y amenaza con seguir ampliándose hacia los niveles más altos de la Administración.
