Más de 400 000 hectáreas calcinadas y una ola de incendios sin precedentes no han bastado para que el Ejecutivo active la emergencia de interés nacional. El PP acusa al Gobierno de «retorcer la ley» para esquivar responsabilidades.
España arde y el Gobierno se lava las manos
Desde hace dos semanas, España está siendo devorada por el fuego. Más de 400 000 hectáreas han ardido, una superficie equivalente a toda la provincia de La Rioja. Pese a ello, el Gobierno de Pedro Sánchez se niega a activar los mecanismos legales que permitirían una coordinación estatal y una respuesta nacional ante esta catástrofe.
La ley permite declarar la emergencia nacional, pero Marlaska no actúa
La Ley 17/2015 de Protección Civil deja claro que es competencia del Ministerio del Interior, en manos de Fernando Grande-Marlaska, declarar la emergencia de interés nacional cuando una situación afecte a varias comunidades y requiera coordinación supraautonómica.
Aun así, el Ejecutivo prefiere dejar la responsabilidad en manos de las comunidades autónomas, evitando asumir el liderazgo de la crisis y limitándose a visitas simbólicas a las zonas afectadas. ¿Por qué no se aplica la ley cuando claramente se cumplen sus requisitos?
Bronca institucional: «Pirómana» y acusaciones cruzadas
La tensión ha estallado entre el Partido Popular, que gobierna en 11 comunidades, y la directora de Protección Civil, Mercedes Barcones, quien acusó a las autonomías de pedir «imposibles». La respuesta del PP no se hizo esperar: la señalaron como «una pirómana más».
Una ley bloqueada desde hace un año
Mientras el país arde, el PSOE mantiene congelada una ley del Senado que busca prevenir incendios en más de 2 millones de hectáreas. Una iniciativa fundamental para reforzar la prevención en zonas rurales sigue atrapada en un cajón por intereses partidistas.
Sánchez: «El Estado somos todos»
Durante sus visitas a Orense, León y Cáceres, Pedro Sánchez ha insistido en que «las competencias son de las autonomías», esquivando cualquier implicación directa del Gobierno central. Pero la ley es clara: el Ejecutivo puede y debe intervenir cuando la dimensión del desastre supera las capacidades regionales.
¿Estamos ante una tragedia natural o ante una negligencia institucional deliberada?
