El gobierno de Pedro Sánchez vuelve a estar contra las cuerdas en el escenario internacional. Esta vez, por los impagos multimillonarios a inversores extranjeros por los recortes a las renovables. Tras acumular ya seis condenas firmes en tribunales de EE. UU., los acreedores han llevado el caso al Tribunal Supremo estadounidense, que estudia ahora si permitir el embargo de bienes del Estado español en suelo norteamericano.
La batalla legal escala a la máxima instancia en EE. UU.
El caso más avanzado es el de Infrared, gestionado por Blasket Renewable Investments, que ha solicitado al Supremo que rechace el intento del Gobierno español de invocar “inmunidad soberana” para eludir sus obligaciones. En su escrito, los abogados acusan a España de maniobras dilatorias y de «querer reabrir casos ya resueltos» en múltiples tribunales, tanto en Suiza como en Estados Unidos, y en el arbitraje internacional del CIADI.
“España simplemente quiere evitar su responsabilidad de pago”, denuncia el texto legal, que además acusa al Ejecutivo de Sánchez de debilitar la credibilidad internacional de Estados Unidos como garante de arbitrajes.
La excusa de Sánchez: derecho europeo vs. tratados internacionales
El argumento estrella del Gobierno español es que, según el TJUE, los arbitrajes entre inversores y Estados miembros de la UE deben resolverse en tribunales nacionales, no en instancias internacionales. Pero esta línea de defensa no está funcionando fuera de Europa.
Tribunales de EE. UU., Reino Unido y Australia ya han dictado en contra de España, recordando que los tratados internacionales firmados por el propio Estado español, como el Convenio de Nueva York de 1958 y el Convenio del CIADI, obligan al cumplimiento de los laudos arbitrales.
Riesgo real de embargo: 650 millones en juego
Los acreedores reclaman la ejecución de laudos por casi 650 millones de euros, y ya han iniciado procesos para solicitar el embargo de activos del Estado español en el extranjero. La falta de pago por parte de Sánchez está generando una grave inseguridad jurídica y tensión diplomática con importantes socios internacionales.
El Tribunal Supremo de EE. UU. ha pedido incluso una opinión oficial a la administración Trump, lo que podría tensar aún más las relaciones entre Washington y Moncloa, ya deterioradas.
Sánchez, cada vez más aislado internacionalmente
El caso no solo supone un nuevo bochorno jurídico para España, sino que también representa una amenaza directa a su credibilidad económica y política internacional. De prosperar el embargo, España entraría en un escenario sin precedentes en su historia reciente, donde bienes públicos podrían ser expropiados en el extranjero para saldar las deudas acumuladas por decisiones políticas irresponsables.
Una vez más, Pedro Sánchez convierte un problema de Estado en un escándalo global.
