El Gobierno de Pedro Sánchez ha declarado “urgente” la puesta en marcha del catálogo de elementos y símbolos franquistas, una medida que afectará tanto a administraciones públicas como a propietarios privados. El Ejecutivo ha dado un plazo de apenas diez días al Consejo de Estado para que emita su dictamen, aunque este no será vinculante.
El catálogo forma parte de la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022, que contempla la creación de una comisión técnica encargada de identificar, clasificar y gestionar el procedimiento para la retirada de símbolos relacionados con la dictadura. Desde Moncloa aseguran que, desde la entrada en vigor de la norma, se ha avanzado en su aplicación “procediendo a la retirada de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática en su propio ámbito competencial”.
No obstante, el Gobierno reconoce que “persisten notables dificultades en el conjunto de las administraciones públicas, tanto autonómicas como locales, así como en bienes de titularidad privada, para garantizar el cumplimiento efectivo de este mandato legal”. Además, critica a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular que han promovido iniciativas legislativas para evitar la aplicación de la ley.
La medida se produce en un momento de gran tensión política, marcado por las investigaciones de corrupción que afectan al entorno socialista. En medio de esta situación, Pedro Sánchez anunció en el Congreso que, antes de finalizar noviembre, se publicará el catálogo completo de símbolos franquistas para que sean “retirados de una vez por todas” de las calles. El anuncio fue una respuesta directa a la diputada de Bildu, Mertxe Aizpurúa, quien exigió la plena aplicación de la ley.
La norma considera elementos contrarios a la memoria democrática las edificaciones, escudos, placas, insignias y otros objetos situados en espacios públicos que rindan homenaje a la sublevación militar, a la dictadura o a sus dirigentes. También incluye referencias a organizaciones o unidades militares vinculadas al sistema represivo o a las potencias del Eje durante la Segunda Guerra Mundial.
En cuanto a la propiedad privada, la ley establece que los dueños de inmuebles que exhiban símbolos franquistas visibles desde espacios públicos estarán obligados a retirarlos. Asimismo, se prohíbe la presencia de retratos, bustos u obras artísticas de dirigentes de la dictadura en despachos oficiales, edificios públicos o estancias de acceso ciudadano.
Con esta decisión, el Ejecutivo pretende acelerar la aplicación de la Ley de Memoria Democrática y reforzar su compromiso con la eliminación definitiva de toda simbología asociada al franquismo en España, extendiendo por primera vez su alcance a la propiedad privada y a los espacios religiosos con acceso público.
