Documentos explosivos revelan que «los de arriba» del Ejecutivo de Pedro Sánchez ordenaron a la trama del PSOE buscar pruebas para atacar a la UCO, clave en las investigaciones de corrupción que cercan al propio presidente.
La cloaca socialista: un instrumento de presión contra la Justicia
Las alarmas han estallado en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Nuevas actas internas de la conocida «cloaca del PSOE», liderada por Santos Cerdán y coordinada por Leire Díez, destapan una auténtica operación de acoso y derribo dirigida desde las más altas esferas del Gobierno de Sánchez contra la Guardia Civil, en concreto su Unidad Central Operativa (UCO).
Los documentos, a los que ha tenido acceso Libertad Digital, recogen de forma literal la consigna: «los de arriba en el Gobierno necesitan pruebas para poder atacar a la Guardia Civil». Así se detalla en reuniones celebradas entre los meses de marzo y agosto de este año, en las que se perfila una estrategia dirigida a desacreditar y debilitar al cuerpo encargado de investigar los mayores casos de corrupción del PSOE.
Objetivo: hundir a la UCO y proteger a Sánchez
En uno de los fragmentos más reveladores, los implicados aseguran estar «recopilando información de mandos de la UCO», acusándolos de haber «estado a sueldo de empresarios», «irse de putas» o estar vinculados con tramas opacas como el caso hidrocarburos. Todo ello con un único fin: lanzar una campaña de desprestigio contra la UCO y su responsable, el teniente coronel Balas.
Esta unidad policial ha sido la que ha aportado pruebas clave en investigaciones que afectan directamente a Pedro Sánchez, su entorno más cercano y a miembros destacados del PSOE, como José Luis Ábalos y su famoso caso Koldo.
Un patrón de hostilidad institucional contra la Guardia Civil
Desde la llegada de Sánchez al poder, los ataques a la Guardia Civil han sido constantes: destituciones arbitrarias como las de Diego Pérez de los Cobos, Manuel Sánchez Corbí o Pablo Salas, reducción de competencias en Navarra, Cataluña y País Vasco, y críticas públicas constantes a su labor investigadora.
Este hostigamiento no es casual. La Guardia Civil es el enemigo común tanto para el PSOE como para sus socios separatistas, que detestan la presencia del cuerpo en sus territorios y exigen su desaparición como precio político. Ahora, queda claro que la cloaca socialista ha actuado en coordinación con Fiscalía, Policía Nacional y la directora de la Guardia Civil, según revelan las actas del 10 de marzo.
¿Crisis de Estado o golpe a la independencia judicial?
Estamos ante un escándalo de proporciones históricas. El uso de estructuras paralelas del PSOE para atacar a las fuerzas de seguridad, bajo órdenes directas del Ejecutivo, constituye una amenaza frontal a la separación de poderes y al Estado de Derecho.
Si la Guardia Civil, bastión de la legalidad, es blanco de una operación política para proteger al presidente, ¿qué garantías quedan para los ciudadanos?
¿Es esta la España que prometía más transparencia o una democracia atrapada en el lodazal del clientelismo y la corrupción?
