Cataluña alcanza cifras récord de ocupación ilegal en 2024, con más de 8 300 denuncias en seis meses, mientras Salvador Illa y el PSC miran hacia otro lado. Las mafias se profesionalizan, los jueces paralizan desalojos y los ciudadanos quedan desprotegidos.
Una crisis creciente con el aval del poder
La ocupación ilegal se dispara un 10% en Cataluña respecto a 2023. Hasta junio de 2024, los Mossos d’Esquadra han recibido 8 320 denuncias, con una media de 500 nuevos casos al mes. De ellas, 6 265 fueron ocupaciones consumadas y 2 055 frustradas, según el último balance de seguridad.
Viviendas vacías y construcciones: el blanco fácil
El 61,8% de los casos se producen en inmuebles vacíos o en construcción, mientras que el 25% afecta a pisos habitados y un preocupante 11% a casas aisladas y masías. La realidad demuestra que los okupas ya no se limitan a propiedades abandonadas: también vulneran la intimidad de hogares activos.
Perfil del okupa: joven, español y reincidente
El 68% de los okupas tiene entre 22 y 38 años, y el 34,2% posee nacionalidad española. El informe evita detallar el origen del resto, aunque fuentes policiales apuntan a una alta participación de extranjeros, especialmente en zonas urbanas conflictivas.
Justicia bloqueada: la ley no se ejecuta
Entre febrero y diciembre de 2024, los Mossos recibieron 5 142 requerimientos judiciales de desahucio, pero solo el 47% se ejecutaron. La mitad restante fueron suspendidos por los jueces, incluso cuando existía resolución favorable al propietario.
Este dato refleja una justicia cada vez más inoperante y politizada, que protege al ocupante y no al dueño legal del inmueble.
Mafias organizadas: la nueva cara de la okupación
Las ocupaciones frustradas han subido al 25% del total, frente al 17% de 2020. Esto se explica por un mayor número de intentos, pero también por la profesionalización de mafias que simulan contratos de alquiler o suplantan identidades para hacerse con los inmuebles.
PSC e Illa: cómplices del caos
Mientras el PSC consolida su poder institucional en Cataluña, los datos evidencian que la okupación crece sin freno. La inacción política, la lentitud judicial y la falta de herramientas legales efectivas han convertido a los propietarios en víctimas del sistema.
