El pacto entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat para una financiación singular de Cataluña ha encendido una tormenta política sin precedentes. Presidentes autonómicos de distintas regiones —tanto del PP como del PSOE— han alzado la voz con una contundencia inusitada: lo consideran un agravio sin precedentes, una ruptura de la igualdad territorial y una traición constitucional.
Madrid lidera la oposición
Isabel Díaz Ayuso ha sido la más explícita: “Nos negamos rotundamente a este atropello”. Ha acusado a Sánchez de estar “en fase terminal” y ha calificado el acuerdo como una “sentencia de muerte contra España”. Según la presidenta madrileña, el pacto conllevaría un coste de 2.000 euros por madrileño, poniendo en riesgo su capacidad para pagar servicios públicos esenciales.
Andalucía, Castilla y León, Aragón, Murcia, Baleares, Cantabria y Canarias también se plantan
Juanma Moreno lo llama un “duro golpe para España”, ejecutado por “el dúo Sánchez-Montero”. Fernández Mañueco (Castilla y León) anunció que recurrirá al Constitucional por violación de la Carta Magna. Jorge Azcón (Aragón) denunció una “España de dos velocidades”, donde “los ricos se lo llevan todo y los pobres nos quedamos con las migajas”. En Cantabria, Sáenz de Buruaga fue aún más directa: “Es pura corrupción política”.
Incluso barones socialistas dicen basta
Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha), Miguel Ángel Gallardo (Extremadura) y Guillermo Peláez (Asturias) se desmarcaron del Gobierno central. Todos coincidieron en algo: no se puede negociar con una sola comunidad a espaldas del resto. “No hay ciudadanos de primera y de segunda”, advirtió Gallardo. Page fue más allá: “Esto lo propone quien quiere romper España”.
Mientras tanto, Cataluña también protesta
Sí, incluso en Cataluña hay descontento. ERC habla de “poca concreción” y Junts califica el pacto de “decepcionante”. El supuesto gran logro del independentismo es, según ellos, solo “escenificación” sin garantías.
¿Qué se pactó realmente?
Un modelo de financiación que permitiría a Cataluña gestionar sus propios impuestos —incluido el IRPF— mediante una Agencia Tributaria propia. En otras palabras, una Hacienda paralela. Algo que muchos presidentes ven como un paso hacia la ruptura del sistema fiscal común y, en última instancia, de España.
Pedro Sánchez ha cruzado un límite. Ha entregado privilegios a cambio de poder, debilitando la igualdad territorial y rompiendo el principio de solidaridad que sostiene la nación. No es solo un pacto económico. Es una cláusula de rendición disfrazada de acuerdo fiscal. Y las regiones que aún creen en la unidad de España no se van a quedar de brazos cruzados.
¿Estamos asistiendo al inicio de la balcanización de España… financiada por los propios españoles?
